La Fiscalía General de la Nación remitió a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes el expediente por la muerte de Kevin Acosta, un niño de siete años diagnosticado con hemofilia severa, para que se evalúe una posible responsabilidad del presidente Gustavo Petro por la revelación de la historia clínica del menor y su rol como garante durante la intervención a la Nueva EPS. La decisión fue anunciada por Wilson Ruiz Orejuela, exministro de Justicia y abogado de la familia Acosta, quien aseguró que desde el momento en que el mandatario exhibió el documento médico sabían que estaba incurriendo en un delito. La Comisión de Acusación deberá determinar si Petro intervino indebidamente en la EPS y si divulgó información protegida de la historia clínica del niño.
El caso de Kevin Arley Acosta ha conmocionado al país por las presuntas fallas en la atención médica de la Nueva EPS, que derivaron en su fallecimiento. La Fiscalía ya solicitó la imputación de cargos contra el médico responsable y los directivos de la EPS por irregularidades en la atención del menor. Paralelamente, el ente acusador envió a la Cámara de Representantes el expediente completo para investigar al presidente Petro, bajo el argumento de que podría haber violado la confidencialidad de la información clínica y no haber actuado como garante durante la intervención de la entidad prestadora de salud. En el documento enviado a la Cámara, la Fiscalía subrayó que no se trata de una decisión política, sino de una actuación judicial ajustada a derecho.
El rol de Medicina Legal y la tutela desestimada
En medio de este proceso, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses también ha jugado un papel clave. Su director, Ariel Emilio Cortés, explicó que el 4 de marzo recibieron un requerimiento del Ministerio de Salud solicitando la historia clínica y el informe de necropsia del menor. Sin embargo, aclaró que la respuesta del instituto se ciñó estrictamente al marco jurídico vigente, pues como auxiliar de la justicia no tienen potestad de entregar resultados de necropsias sin orden judicial. “Esto solo se entregan a las autoridades competentes de adelantar las investigaciones”, afirmó Cortés, quien además recordó que la misión de la entidad es prestar servicios forenses a la comunidad y a la administración de justicia. Precisamente, el Ministerio de Salud había presentado una tutela por presunta vulneración al derecho de petición, la cual fue desestimada el 14 de abril por el juzgado sexto penal del Circuito Especializado de Bogotá.
“Desde que Gustavo Petro exhibió la historia clínica del niño sabíamos que estaba incurriendo en un delito”
Wilson Ruiz Orejuela, exministro de Justicia y abogado de la familia Acosta
El abogado de la familia, Wilson Ruiz Orejuela, se mostró confiado en que la Comisión de Acusación actuará con celeridad y contundencia. “Esperamos algún resultado contundente en la Comisión de Investigación”, declaró, al tiempo que insistió en que la muerte del niño Kevin Acosta exige, como lo ha dicho en repetidas ocasiones, “verdad, justicia y reparación”. Ruiz Orejuela representa a los padres del menor en este proceso, quienes buscan esclarecer las responsabilidades tanto de los funcionarios de la Nueva EPS como del propio presidente de la República. La investigación avanza en dos frentes: uno penal contra los directivos y médicos de la EPS, y otro ante la Comisión de Acusación para determinar si Petro incurrió en delitos al divulgar información sensible del menor y al no cumplir con su deber de garante durante la intervención estatal a la entidad.
