La Fiscalía General de la Nación ampliará la imputación de cargos contra Sheynner Rojas Lares, procesado por la muerte de la menor Ana Lucía González, de 9 años, cuyo cadáver fue hallado en una alcantarilla del barrio Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá, el pasado 15 de septiembre. La nueva acusación incluirá el delito de acceso carnal violento, luego de que los exámenes forenses practicados al cuerpo de la niña revelaran evidencias que respaldan esta hipótesis. Rojas Lares, expareja de la hermana de la víctima, ya había sido imputado previamente por feminicidio y actos sexuales abusivos con menor de 14 años.
El hallazgo del cuerpo de Ana Lucía, ocurrido hace 29 días, conmocionó a la comunidad de Ciudad Bolívar y activó una investigación que se centró en el entorno familiar. Las autoridades descartaron la participación de otra persona en los hechos y señalaron al procesado como el único responsable. Desde entonces, Rojas Lares permanece recluido en la cárcel de Cómbita, en Boyacá, a la espera de las próximas audiencias.
Hallazgos forenses confirman violencia sexual
El abogado de la familia de la menor, Daniel Solarte, confirmó que los resultados de los exámenes forenses realizados al cuerpo de Ana Lucía sustentan la decisión de la Fiscalía de ampliar la imputación. “La hipótesis que al parecer y lamentablemente se confirma de los exámenes realizados en la humanidad de la menor es el de acceso carnal violento”, declaró Solarte, quien representa a los familiares de la víctima en el proceso penal. El jurista agregó que la defensa de las víctimas ha solicitado formalmente ante el Ministerio de Justicia y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) que se ordene el traslado del detenido a un establecimiento con mayores restricciones de comunicación o, en su defecto, se refuercen los controles para impedir nuevos contactos con la familia.
“El señor Sheynner Rojas se encuentra en la cárcel de Cómbita, desde la cual se ha podido comunicar con mi representada, amenazándola y constriñéndola para cambiar su versión”
Daniel Solarte, abogado de la familia
De acuerdo con la denuncia presentada por el abogado, Rojas Lares habría utilizado medios de comunicación desde el centro penitenciario para contactar a su expareja, hermana de la menor fallecida, con el objetivo de presionarla para que modifique su declaración en el proceso. La familia ha manifestado su temor ante estas intimidaciones y ha solicitado medidas urgentes de protección. Mientras tanto, la Fiscalía continúa recopilando pruebas para sustentar la nueva imputación, mientras la comunidad de Ciudad Bolívar y organizaciones de derechos humanos exigen justicia para Ana Lucía González y el esclarecimiento completo de las circunstancias de su muerte.
