La Fiscalía General de la Nación suspendió mediante la resolución 0072 del 27 de marzo de 2026 un total de 23 órdenes de captura contra jefes criminales de Medellín involucrados en procesos de negociaciones de paz urbana, lo que permitió la liberación de siete líderes que se encontraban privados de la libertad en la cárcel de Itagüí para que actúen como voceros en estas mesas de diálogo sociojurídico. Esta medida, respaldada por el Gobierno colombiano el 31 de marzo, aplica a voceros principales en zonas como Medellín, los municipios del Valle de Aburrá, Rionegro en Antioquia, Río Negro y Bogotá, con el objetivo de facilitar diálogos que contribuyan a la desarticulación de estructuras criminales y la transformación de economías ilícitas.
La suspensión de estas órdenes vigentes o futuras tiene una vigencia inicial de seis meses prorrogables y se fundamenta en la Ley 2272 de 2022, la sentencia C-525 de 2023 de la Corte Constitucional y el Decreto 1081 de 2015. Abogados expertos en crimen organizado como Juan José Roldán y Rogelio Roldán han destacado la importancia de este paso, que no individualiza personas ni procesos específicos, sino que se centra en la voluntad de sometimiento verificable de estos líderes y el cumplimiento de acuerdos.
Límites y alcances de la resolución
La Fiscalía enfatizó que esta medida no implica impunidad, preclusión, amnistía, indulto ni archivo de procesos judiciales, y excluye explícitamente la captura en flagrancia por delitos graves como secuestro, extorsión, violaciones a los derechos humanos o infracciones al Derecho Internacional Humanitario, aplicable en todo el país. Para quienes ya cumplieron condenas, la suspensión no genera efectos directos, y solo rige para órdenes fuera de las zonas delimitadas si no se activa la excepción de flagrancia.
«La medida no excluye la captura en flagrancia respecto de delitos graves, como secuestro, extorsión, violaciones a los derechos humanos o infracciones al Derecho Internacional Humanitario; y tendrá efectos en Medellín, los municipios del Valle de Aburrá y Rionegro (Antioquia), zonas donde se realizarán los principales encuentros y actividades relacionadas con este proceso de sujeción a la justicia.»
Fiscalía General de la Nación
«La decisión es respaldada por la Ley 2272 de 2022, la sentencia C-525 de 2023 de la Corte Constitucional y el Decreto 1081 de 2015, resaltando que con esto no se contempla la concesión de la libertad de quienes se encuentren privados de ella en centros carcelarios.»
Fiscalía General de la Nación
Estas negociaciones se desarrollan en mesas de diálogo sociojurídico instaladas en la cárcel de Itagüí, generando un amplio debate político sobre sus alcances y garantías, en un contexto donde la paz urbana busca alternativas a la violencia sin comprometer la justicia. La información se basa en un artículo de Infobae Colombia titulado «Los límites y alcances de la suspensión de órdenes de captura en la ‘paz urbana’: ‘La resolución no es impunidad'», que verifica los hechos con comunicados oficiales de la Fiscalía y la Consejería Comisionada de Paz.
