La Fiscalía General de la Nación suspendió las órdenes de captura contra 23 voceros de las Estructuras Armadas Organizadas de Crimen de Alto Impacto (Eaocai) en Medellín y el Valle de Aburrá, mediante la Resolución N° 00072 emitida el 27 de marzo de 2026. Esta medida beneficia directamente a Gustavo Adolfo Pérez Peña, conocido como alias «El Montañero», cabecilla de la organización criminal «El Mesa», quien era el único con una orden de captura vigente al momento de la publicación. La decisión se comunicó tras una reunión de alto nivel en Bogotá el 31 de marzo de 2026, como resultado de los avances en los compromisos acordados en las mesas de diálogo sociojurídico realizadas en la cárcel El Pedregal de Itagüí, involucrando al presidente Gustavo Petro y su gabinete.
Alias «El Montañero», fundador de «El Mesa» en Bello durante la década de 1990, ha extendido su influencia a zonas como Medellín, Bogotá, el Oriente y Norte de Antioquia, Caquetá, Boyacá y Soacha. La estructura criminal, que cuenta con más de 400 integrantes, se dedica a actividades como narcotráfico, sicariato, extorsión, comercio ilegal de lotes, tráfico de armas, amenazas, desplazamiento forzado y terrorismo. Pérez Peña, quien ha sido detenido en cuatro ocasiones previas y cumplió 4 años y 5 meses de una condena de 8 años de prisión, fue capturado por última vez en 2019 por concierto para delinquir, falsedad en documento público y porte ilegal de armas, para ser liberado el 14 de marzo de 2024. Está vinculado al homicidio de Alejandro Mazo Pulgarín, alias «Titi», ocurrido el 21 de marzo de 2020 en la cárcel de Cómbita en Boyacá, lo que derivó en una orden de captura emitida en 2025. Registrado en bases judiciales con tres nombres distintos, viajó a París en septiembre del año pasado, regresó a Colombia y mantiene un perfil bajo, mientras «El Mesa» se encuentra en confrontación con el Clan del Golfo en el Oriente antioqueño.
Antecedentes y repercusiones de la suspensión
La suspensión de estas 23 órdenes de captura deja a las autoridades sin herramientas inmediatas para proceder con arrestos, en un contexto de disputas criminales que elevan el riesgo en la región. La medida se enmarca en el revisión de compromisos de las mesas de diálogo sociojurídico, pero genera preocupación por el fortalecimiento potencial de estructuras como «El Mesa», cuya expansión territorial y actividades delictivas han marcado décadas de violencia en el occidente colombiano.
Esta resolución representa un paso controvertido en la política de diálogo con grupos criminales, destacando la tensión entre avances negociados y la seguridad pública en Medellín y el Valle de Aburrá, donde las Eaocai continúan operando pese a los esfuerzos institucionales.
