La Fiscalía General de la Nación suspendió las órdenes de captura contra 23 cabecillas de organizaciones criminales que operan en el Valle de Aburrá, una medida que incluye a nueve de ellos que acompañaron al presidente Gustavo Petro durante su visita a la plazoleta de La Alpujarra en Medellín el 21 de junio de 2025. Esta resolución, emitida el 27 de marzo de 2026, responde a una solicitud del Ejecutivo y se fundamenta en los progresos reportados por la Oficina del Consejero Comisionado de Paz en la mesa de paz urbana desarrollada en la cárcel de Itagüí, aplicándose en Medellín, los municipios del Valle de Aburrá y Rionegro, en Antioquia.
Entre los beneficiados figuran figuras como “Carlos Pesebre”, condenado a 36 años de prisión por homicidio agravado y capturado el 19 de marzo de 2013; “El Tigre”, con 33 años y 5 meses de condena por secuestro extorsivo, extorsión, homicidio agravado y concierto para delinquir, apresado en octubre de 2013; “Douglas”, sentenciado a 32 años por secuestro extorsivo desde abril de 2009; “Tom”, con 16 años por concierto para delinquir, lavado de activos, porte ilegal de armas y fraude documental, detenido en diciembre de 2017; “Juan 23”, con 15 años y 10 meses por desplazamiento forzado, concierto para delinquir y extorsión, capturado en junio de 2022; “Vallejo”, condenado a 14 años por concierto para delinquir agravado desde marzo de 2018; además de “El Indio”, “El Compa” y “Grande Pa”. Estos líderes provienen de estructuras delictivas como Los Robledo, La Unión, La Terraza, Los Chatas, El Mesa y GDO Trianón, y la medida abarca a voceros principales o suplentes de la mesa de paz de Itagüí, de los cuales siete ya se encuentran en libertad y “El Indio” no tiene condena pendiente.
Avances en la paz urbana y restricciones impuestas
La suspensión, que tiene una duración de seis meses, se justifica por los notables avances en la región, como la eliminación de “fronteras invisibles”, la reducción de la deserción escolar y el fortalecimiento de la confianza entre la ciudadanía y las autoridades, en un contexto donde la tasa de homicidios en Medellín y el Valle de Aburrá durante 2024 y 2025 registró los niveles más bajos en 50 años. No obstante, los beneficiados enfrentan estrictas prohibiciones, como no portar armas ni usar prendas militares durante el periodo de vigencia de la medida, con el objetivo de consolidar los compromisos asumidos en la mesa de diálogo.
Esta decisión representa un paso clave en los esfuerzos por la pacificación urbana en Antioquia, aunque genera debate sobre el equilibrio entre la justicia y la búsqueda de paz, en medio de las extensas trayectorias criminales de estos cabecillas que ahora tienen una oportunidad temporal para demostrar su compromiso con el proceso.
