La Fiscalía General de la Nación suspendió las órdenes de captura contra 23 cabecillas y voceros de las Estructuras Armadas Organizadas de Crimen de Alto Impacto (Eaocai) en Medellín, los municipios del Valle de Aburrá y Rionegro, en Antioquia, mediante la Resolución 00072 emitida el 27 de marzo de 2026. Esta medida responde a una solicitud presentada el 24 de febrero de ese año por la Oficina del Consejero Comisionado de Paz del Gobierno de Gustavo Petro, y no implica en absoluto la liberación de estos individuos, aclaró la entidad.
La suspensión, vigente por un período de seis meses, busca facilitar la participación de estos 23 cabecillas en conversaciones sociojurídicas orientadas al sometimiento de sus estructuras criminales dentro del marco de las negociaciones de paz impulsadas por el Gobierno Petro con organizaciones criminales urbanas. La decisión está respaldada por la Ley 2272 de 2022, la sentencia C-525 de 2023 de la Corte Constitucional y el Decreto 1081 de 2015, y no aplica a personas con condenas ejecutoriadas, medidas de aseguramiento ni aquellas capturadas en flagrancia por delitos graves como secuestro, extorsión, violaciones a los derechos humanos o al Derecho Internacional Humanitario.
Revuelo político y aclaraciones oficiales
La revelación de esta medida por parte de diversos medios ha generado un fuerte revuelo político, especialmente en Antioquia, donde algunos beneficiarios ya se encontraban en libertad. La Fiscalía enfatizó que la suspensión no libera a quienes cumplen condenas u otros requerimientos judiciales, subrayando que se trata de un mecanismo temporal para avanzar en procesos de paz.
“Petro y la paz total acaban de liberar a 23 delincuentes, sicarios, narcos y extorsionistas de Medellín. Hace un tiempo liberaron a alias el Zarco Aldinever y este mandó asesinar a Miguel Uribe. Que Dios cuide a toda la dirigencia de oposición en Medellín y Antioquia”
Daniel F. Briceño, congresista electo del Centro Democrático
Las críticas, como las expresadas por el congresista electo Daniel F. Briceño, vinculan esta suspensión con presuntos riesgos para la seguridad y hacen referencia al magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay, aunque la Fiscalía insiste en que no se trata de una amnistía ni liberación generalizada, sino de un paso regulado para dialogar con estas estructuras criminales en el contexto de la política de «Paz Total».
