La Fiscalía General de la Nación suspendió temporalmente las órdenes de captura contra varios voceros de paz recluidos en la cárcel de Itagüí, en Antioquia, con el fin de facilitar su participación en las mesas de diálogo para la “paz urbana” en Medellín, el Valle de Aburrá y Rionegro. Esta medida, vigente inicialmente por seis meses, ha sido defendida por el Gobierno colombiano, aunque generó rechazo inmediato del alcalde de Medellín y el gobernador de Antioquia, quienes cuestionaron la decisión judicial.
La suspensión, respaldada por la Ley 2272 de 2022, una sentencia de la Corte Constitucional y el Decreto 1081 de 2015, no implica la excarcelación ni la libertad de los beneficiados, sino que busca promover negociaciones con estructuras criminales bajo la política de “paz urbana” impulsada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro. Este proyecto, que cumplirá tres años en junio de 2026, exige a los voceros compromisos como no portar armas ni usar prendas militares, sin excluir la posibilidad de captura en flagrancia por delitos graves.
Polémica y análisis de expertos
La decisión ha desatado polémica en Antioquia, donde las autoridades locales rechazan cualquier percepción de debilidad institucional, mientras expertos como los abogados Juan José Roldán y Rogelio Roldán analizan el potencial de este modelo para reducir la violencia de manera progresiva, siempre que el Estado ofrezca alternativas reales en educación, empleo y atención social a jóvenes y comunidades.
“La paz real se construye a través de negociaciones y no mediante el sometimiento del Estado, siempre conservando la institucionalidad y el poder coercitivo, pero entendiendo el fenómeno social y las aspiraciones de futuro para el país”
Juan José Roldán, abogado
En este contexto, los beneficiados deben comprometerse a desmovilizar progresivamente la violencia, mientras el Gobierno y las entidades locales proponen integración social y laboral, incluyendo contratos de trabajo y oportunidades educativas, como vías para erradicar el fenómeno delictivo en regiones como Antioquia, con miras a replicar el esquema en otras zonas del país si demuestra efectividad.
“Cómo piden que no boten basura al piso si no ponen basureros. Esto requiere propuestas claras y reglas definidas, integración social y laboral de quienes decidan abandonar la violencia, ofertas de contratos laborales y oportunidades educativas. Para erradicar la violencia es necesario ofrecer alternativas reales”
Juan José Roldán, abogado
Expertos destacan que el éxito dependerá de compromisos mutuos entre los voceros, las comunidades y el Estado, manteniendo la institucionalidad intacta y priorizando la seguridad ciudadana en medio de un proceso que podría transformar el panorama de la seguridad en el occidente colombiano.
