La Fiscalía General de la Nación suspendió una licitación por más de 37.000 millones de pesos destinada a implementar un sistema multibiométrico forense para el Cuerpo Técnico de Investigación, tras alertas de la Procuraduría General de la Nación sobre irregularidades en pliegos, adendas y otros documentos del proceso. En Colombia, distintas instancias públicas mencionadas en el expediente evalúan ahora la posibilidad de reiniciar desde cero y contemplan la apertura de un debate sobre la eventual revocatoria del acto de apertura, ante el señalamiento de posibles incumplimientos normativos.
Entre los datos clave figuran la participación de la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y su Procurador delegado Marcio Melgosa, así como la Unión Temporal Multibiométrica FGN. El objetivo de la licitación era la implementación de un sistema multibiométrico forense para el CTI. La Procuraduría Delegada presentó un informe de 15 páginas en el que se señalan irregularidades en varias fases, desde modificaciones al cronograma hasta cambios en la evaluación de requisitos habilitantes para la Unión Temporal Multibiométrica FGN. El documento también advierte que el presupuesto oficial no quedó suficientemente justificado en los documentos precontractuales publicados en la plataforma SECOP II, y señala un capital de trabajo cuestionado de 7.600 millones de pesos. Además, se indica que el periodo de referencia para contratos similares abarca de 2020 a 2025, lo que añade complejidad al análisis de competencia y costos.
La Procuraduría llama a reiniciar el proceso y garantizar la competencia
«Esta Procuraduría Delegada exhorta a la entidad a suspender el trámite de la licitación pública hasta tanto se analicen las posibles violaciones normativas existentes en el proceso mencionado y a analizar en detalle los escenarios en los cuales la entidad tendría la posibilidad de revocar el acto administrativo de apertura», se lee en el documento firmado por el procurador delegado Marcio Melgosa y conocido por W Radio.
«Esta Procuraduría Delegada advierte que para estimar el presupuesto oficial, resultaba necesario y pertinente conocer las dinámicas del mercado, a través de un análisis suficiente que permitiera soportar la forma en que se estimó el presupuesto oficial, lo cual no se evidencia en los documentos precontractuales publicados en la plataforma del SECOP II»
«la elaboración del estudio del sector es de vital importancia para garantizar principios como el de selección objetiva y pluralidad de oferentes, pues de esta manera la entidad puede determinar que con los requisitos que se establezcan no se esté restringiendo la participación en el proceso de contratación o cercenando la posibilidad a oferentes que puedan competir y puedan cumplir con el objeto contractual”
La suspensión abre la puerta a un posible reinicio de la licitación desde cero, tras las observaciones de la Procuraduría, y a la realización de un estudio de sector que permita ajustar el presupuesto a las dinámicas reales del mercado. Las autoridades también evalúan posibles implicaciones para la libre competencia e inclusión de oferentes, incluida la revisión de medidas de inclusión laboral para poblaciones protegidas. En el momento, no se han fijado fechas para nuevas fases del proceso, y la prioridad es analizar con detalle las irregularidades detectadas y decidir si corresponde revocar, reabrir o desiertas la licitación. Desde Manizales, La Veintitrés Manizales seguirá informando sobre este caso que involucra a instituciones nacionales y su impacto en la contratación pública y la seguridad tecnológica forense en el país.
