La Fiscalía General de la Nación de Colombia trasladó recientemente a su Dirección de Asuntos Internacionales un derecho de petición presentado por el ciudadano y veedor Inder Alonso Ramírez Pérez, quien solicitó información sobre las actuaciones institucionales relacionadas con las menciones del expresidente Andrés Pastrana en los archivos judiciales del caso Jeffrey Epstein. El traslado fue realizado por correo oficial desde la Dirección Seccional Bogotá, a cargo de Mayra Alejandra Ruiz del Grupo Jurídico del Despacho, debido a que los puntos sobre cooperación judicial y protocolos internacionales no competían a esa seccional.
Esta acción se produce tras la desclasificación de archivos por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos a comienzos de 2026, que incluyen más de tres millones de páginas, más de dos mil videos y cerca de 180 mil imágenes, sumando un total aproximado de 3,5 millones de páginas. La Dirección de Asuntos Internacionales tiene un plazo de diez días hábiles desde la recepción para responder sobre cualquier cooperación judicial o protocolos aplicables a las menciones de exjefes de Estado como Pastrana en esos documentos.
Contexto de las menciones y reciente impulso
Los archivos desclasificados del caso Epstein destacan por múltiples referencias al expresidente Pastrana, incluyendo fotografías públicas junto a Ghislaine Maxwell, quien cumple condena por su rol en la red de explotación sexual liderada por el financista estadounidense. Estas divulgaciones recientes han impulsado la solicitud, que busca claridad sobre eventuales actuaciones de la Fiscalía colombiana ante tales menciones en los expedientes del Departamento de Justicia de EE.UU.
“no constituye denuncia penal ni imputación alguna, sino que tiene como finalidad dejar constancia formal y solicitar verificación institucional”
Inder Alonso Ramírez Pérez, ciudadano y veedor
La petición se fundamenta en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia y la Ley 1755 de 2015, invocando principios de transparencia, igualdad ante la ley y la responsabilidad de los servidores públicos. Se aclara expresamente que la mera mención en los archivos no implica delito alguno, sino que se persigue información clara y verificable sobre cualquier actuación institucional relacionada.
