La Fiscalía General de la Nación avanza en una línea investigativa crucial para esclarecer el magnicidio del exsenador Miguel Uribe Turbay, ocurrido el 29 de enero de 2025 en Bogotá. El ente acusador busca determinar si dos escoltas que hacían parte del esquema de seguridad del político del Centro Democrático sostuvieron encuentros previos con Élder José Arteaga Hernández, alias Chipy o El Costeño, condenado por el crimen, y con Simeón Pérez Marroquín, alias El Viejo, señalado como enlace. Para ello, la Fiscalía solicitará a la Unidad Nacional de Protección (UNP) los registros GPS de las camionetas blindadas que utilizaban los escoltas, con el fin de verificar su ubicación en fechas y lugares específicos.
Las sospechas se centran en dos reuniones que habrían ocurrido en las cercanías del parque El Golfito, en el barrio Modelia de Bogotá, el mismo lugar donde posteriormente fue atacado Uribe. La primera de ellas se habría dado el mismo 29 de enero de 2025, horas antes del atentado, y la segunda en abril de 2025. La investigación se activó tras la declaración de un menor de 17 años, quien afirmó ante la Fiscalía que Arteaga mantenía en su teléfono celular un contacto identificado como “escolta senador” y que sostuvo llamadas antes del ataque. El adolescente también señaló que alias Chipy le habría manifestado que contaba con personas trabajando para él dentro del entorno del joven político.
El cruce de pruebas técnicas
La Fiscalía no solo se enfoca en los testimonios. Para corroborar la versión del menor, se adelanta un cruce de información técnica que incluye la geolocalización de los teléfonos de los escoltas y los datos de posicionamiento global de las camionetas blindadas asignadas al esquema de protección. Una fuente consultada por El Tiempo explicó que “la información de los GPS de las camionetas determinará si llegaron a los lugares que están diciendo. Esa información está en los archivos de la Unidad Nacional de Protección”. De esta manera, se busca establecer si los escoltas se apartaron de sus rutas habituales y si coincidieron con los sitios donde, según la declaración, se produjeron los encuentros.
El asesinato de Miguel Uribe Turbay, de 39 años, exprecandidato presidencial y figura destacada del Centro Democrático, conmocionó al país. El exsenador permaneció 64 días internado en la Fundación Santa Fe de Bogotá tras recibir dos impactos de bala en el cráneo antes de fallecer. La Fiscalía investiga una presunta infiltración en su esquema de seguridad, con posibles vínculos de la oficina sicarial de alias El Costeño con la Segunda Marquetalia. El esquema de protección del político era mixto, con personal de la UNP y de la Policía, lo que obliga a verificar la cadena de mando y el origen de los dos escoltas bajo sospecha.
La denuncia de la viuda
Mientras la Fiscalía recoge pruebas, la viuda del exsenador, María Claudia Tarazona, ha alzado la voz para denunciar que, pese a las sospechas de infiltración, el esquema de protección no ha sido modificado. En una declaración contundente, Tarazona afirmó: “A la fecha, el esquema no ha sido cambiado. He insistido ante el Gobierno nacional por diferentes medios, mediante cartas, peticiones oficiales y chats, sin recibir respuesta alguna de ninguna entidad. A la fecha, ningún miembro del Gobierno se ha comunicado conmigo”. La viuda exige acciones concretas para garantizar la seguridad de la familia y evitar que hechos como este se repitan.
“La información de los GPS de las camionetas determinará si llegaron a los lugares que están diciendo. Esa información está en los archivos de la Unidad Nacional de Protección”
Fuente consultada por El Tiempo
La investigación de la Fiscalía se encuentra en una fase clave. Además de los registros GPS, se prevé el cruce de celdas telefónicas para establecer las comunicaciones entre los escoltas y los condenados. El caso no solo busca justicia para Miguel Uribe Turbay, sino que también pone en el centro del debate la seguridad de los líderes políticos en Colombia y la necesidad de revisar los protocolos de protección en un contexto de amenazas constantes de grupos armados y organizaciones criminales.
