La Fiscalía General de la Nación y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) desmantelaron el 27 de abril una presunta red de contrabando y lavado de activos vinculada a la cadena empresarial Lili Pink, con allanamientos en sus tiendas y en el centro comercial Guatapuri Plaza Comercial, la captura de una persona y la ocupación de más de 400 bienes, que incluyen locales comerciales, inmuebles y vehículos. La investigación reveló irregularidades en solicitudes de devolución de IVA, el uso de empresas de papel para simular operaciones y patrones sospechosos en devoluciones fiscales, junto con el ingreso ilegal de mercancía, corrupción de funcionarios públicos y movimientos financieros por valores millonarios.
La pesquisa inició por indicios de lavado de activos en sus tres fases clásicas: la colocación, mediante el ingreso de mercancía ilegal al país; la estratificación, a través de empresas fantasma y fragmentación de transacciones; e integración, donde los ingresos ilícitos se hacen pasar por legítimos. Durante el proceso, los bienes ocupados quedarán bajo supervisión estatal mientras se adelanta el trámite judicial, y la extinción de dominio puede proceder de manera autónoma, sin depender de una condena penal previa.
Riesgos penales y patrimoniales para los involucrados
El abogado penalista Rogelio Roldán, en entrevista con Infobae Colombia, detalló los peligros que enfrentan los socios y administradores de Lili Pink, diferenciando entre accionistas pasivos, con bajo riesgo penal pero alto patrimonial; administradores y socios gestores, expuestos a mayor responsabilidad penal; y testaferros, con elevados riesgos en ambos frentes. Las pruebas incluyen actas financieras, firmas en contratos y la estructura societaria, que podrían derivar en medidas cautelares como embargo o secuestro por la Sociedad de Activos Especiales (SAE), con los bienes pasando al Estado si no se demuestra su origen lícito.
«La competencia de los jueces de extinción de dominio es autónoma y no depende de la responsabilidad penal»
Rogelio Roldán, abogado penalista
«En la extinción de dominio se analiza el origen de los bienes y su posible procedencia ilícita»
Rogelio Roldán, abogado penalista
Según Roldán, ser accionista no implica responsabilidad automática, ya que esta es personal e individual, requiriendo elementos como conocimiento del origen ilícito de los recursos, participación directa o indirecta en la estructura criminal, o al menos dolo eventual para una imputación válida por lavado de activos.
«Ser accionista no hace automáticamente responsable a la persona; la responsabilidad penal es personal e individual»
Rogelio Roldán, abogado penalista
«Conocimiento del origen ilícito de los recursos, participación directa o indirecta en la estructura, o al menos dolo eventual»
Rogelio Roldán, abogado penalista
«De no existir estos elementos, no hay una imputación válida por lavado de activos»
Rogelio Roldán, abogado penalista
Este caso recuerda al de Drogas La Rebaja, donde se aplicaron medidas similares por lavado y contrabando. La información proviene de fuentes como el sitio web de Guatapuri Plaza Comercial, la Fiscalía y la entrevista con Infobae Colombia, destacando la importancia de esclarecer el origen de los bienes para evitar la pérdida patrimonial definitiva.
