En un operativo conjunto que contó con el respaldo del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos, la Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección de Extinción del Derecho de Dominio, ocupó 44 bienes avaluados en más de 22.118 millones de pesos colombianos, presuntamente pertenecientes a la estructura criminal conocida como Los del Dorado. Los activos, que incluyen 34 inmuebles —de los cuales 17 son rurales y 17 urbanos—, seis vehículos, tres establecimientos de comercio y una sociedad, estaban distribuidos en cinco departamentos del país: Antioquia, Boyacá, Caldas, Caquetá y Santander, y habrían sido adquiridos con dineros provenientes del narcotráfico y puestos a nombre de testaferros para ocultar su origen ilícito.
La investigación, liderada por la Delegada para las Finanzas Criminales en articulación con la DIJIN de la Policía Nacional y el apoyo del FBI, logró desarticular el entramado financiero de esta organización delictiva, que se dedicaba a la producción y tráfico de clorhidrato de cocaína hacia Estados Unidos y Centroamérica. Según el comunicado oficial de la Fiscalía, las medidas cautelares —que incluyen suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión— ya fueron impuestas, dejando los bienes bajo control del Estado mientras avanza el proceso de extinción de dominio. Juan Felipe Cárdenas, director de Extinción del Derecho de Dominio, estuvo al frente de esta operación que representa un duro golpe a las finanzas de la organización criminal.
El modus operandi de Los del Dorado
De acuerdo con las pesquisas, Los del Dorado obtenían pasta base de coca en el departamento de Nariño, la cual era ocultada en vehículos de carga y trasladada hasta laboratorios clandestinos ubicados en zona rural de Puerto Triunfo, Antioquia. Allí la trasformaban en clorhidrato de cocaína, para luego camuflar los cargamentos de estupefacientes en camiones que transportaban ganado, areña, escombros y materiales de construcción, amparados con la respectiva documentación comercial. Desde ese punto, la droga era movilizada hacia el Caribe colombiano, donde se coordinaba la salida marítima hacia destinos internacionles. Paralelamente, la organización adquiría bienes con los recursos provenientes del narcotráfico y los registraba a nombre de terceros, con el fin de ocultar su verdadero origen.
«Los activos, avaluados en más de 22.118 millones de pesos, corresponden a 34 inmuebles, seis vehículos, una sociedad y tres establecimientos de comercio, ubicados en cinco departamentos del país»
Fiscalía General de la Nación, comunicado oficial
«La investigación, adelantada de manera articulada entre la Delegada para las Finanzas Criminales y la DIJIN de la Polcía Nacional, con el apoyo del Buró Federal de Investigacines (FBI) de Estados Unidos, da cuenta de que la estructura delictiva afectada obtenía pasta base de coca en Nariño, la cual era ocultada en vehículos de carga, trasladada hasta laboratorios clandestinos ubicados en zona rural de Puerto Triunfo (Antioquia) y transformada en clorhidrato de cocaína»
Fiscalía General de la Nación
«Luego, los cargamentos de estupefacientes eran camuflados en camiones que transportaban ganado, arena, escombros y materiales de construcción, amparados con la respectiva documentación comercial, y movilizados hacia el Caribe colombiano para coordinar su salida marítima a destinos internacionales»
Fiscalía General de la Nación
La ofensiva contra el lavado de activos del narcotráfico continúa arrojando resultados significativos. Con esta ocupación, la Fiscalía reiteró su compromiso de perseguir los patrimonios ilícitos y debilitar las estructuras financieras de las organizaciones criminales. Los bienes quedan a disposición del Estado en el marco del proceso de extinción de dominio, mientras las autoridades avanzan en las investigaciones para determinar el alcance total de las operaciones de Los del Dorado. La articulación con el FBI y la DIJIN permitió construir un caso sólido que sustenta la presunta relación de los activos con dineros de procedencia ilícita y su posible destinación a actividades asociadas al tráfico transnacional de estupefacientes.
