La ausencia de representantes de la Fiscalía General de la Nación y de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en una audiencia de la Comisión Séptima de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes, celebrada el pasado 27 de mayo, desató la indignación de los familiares de las 107 víctimas del vuelo 203 de Avianca. El encuentro, que por primera vez en más de 36 años permitió que el Estado escuchara de manera directa a los deudos, se vio empañado cuando los voceros de las entidades convocadas optaron por remitir únicamente informes escritos y comunicados, en lugar de comparecer personalmente para responder a las preguntas de las familias y los congresistas.
Gonzalo Enrique Rojas Peña, familiar de una de las víctimas y líder de la Fundación Memoria, fue el portavoz del dolor y la frustración acumulada durante décadas. Con más de 20 años de liderazgo en iniciativas para esclarecer el crimen, Rojas Peña calificó la jornada como “agridulce”, pues si bien valoró la presencia de la Unidad para las Víctimas y el Centro Nacional de Memoria Histórica, que se comprometieron a activar mesas de trabajo, la ausencia de la Fiscalía y la JEP opacó cualquier avance. “No hay nada más doloroso que vivir con la incertidumbre de la injusticia. Acudimos a esta comisión con la convicción de que haya una luz que ilumine este camino de desesperanza, barreras e indolencia”, manifestó con visible pesar.
Un clamor de justicia que se niega a callar
El atentado, ocurrido el 27 de septiembre de 1989 cuando el avión de Avianca explotó en pleno vuelo sobre Bogotá y cuyos restos cayeron en el municipio de Soacha, es uno de los episodios más trágicos y oscuros del conflicto armado colombiano. Atribuido al extinto capo Pablo Escobar, el caso sigue sin esclarecerse por completo: se desconoce cómo se introdujo la bomba en la aeronave y si hubo complicidad de agentes del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). Frente a este panorama, Rojas Peña fue contundente al criticar la inacción del ente acusador: “Es muy decepcionante que al ser la autoridad que investiga los crímenes en este país, después de 36 años sigan sin respuesta. La Fiscalía ha sido la gran responsable de la falta de respuestas, nos han ninguneado”.
«No hay nada más doloroso que vivir con la incertidumbre de la injusticia. Acudimos a esta comisión con la convicción de que haya una luz que ilumine este camino de desesperanza, barreras e indolencia»
Gonzalo Enrique Rojas Peña, familiar de víctima y líder de la Fundación Memoria
Pese al sinsabor, la audiencia no quedó en el vacío. Los congresistas de la Comisión Séptima acordaron, ante el reclamo de las familias, la creación de una mesa de trabajo que permita resolver las “cuentas pendientes” del Estado con las víctimas, así como la realización de una sesión de seguimiento y control político en el Congreso. De esta forma, el clamor de quienes hace más de tres décadas exigen verdad, justicia y reparación, encontró un primer eco institucional que aún debe traducirse en hechos concretos. La pregunta que flota en el aire es si la Fiscalía y la JEP, con sus informes escritos, estarán finalmente a la altura de una tragedia que no puede ni debe quedar impune.
