La Fiscalía Primera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, a cargo de Marlenne Orjuela Rodríguez, junto con los abogados de las víctimas reconocidas Reinaldo Villalba Vargas, Miguel Ángel del Río Malo y Juan David León Quiroga, presentaron de manera conjunta una solicitud a la Corte Suprema de Justicia para obtener una prórroga de 30 días hábiles en el plazo para presentar y sustentar la demanda de casación en el proceso penal seguido contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Esta petición se realizó dentro del término inicial establecido por la ley, mediante documentos firmados y fundamentados en el artículo 158 de la Ley 906 de 2004, con el objetivo de disponer del tiempo necesario para preparar sólidos argumentos, garantizar el debido proceso y una adecuada administración de justicia.
La solicitud busca evitar el riesgo de prescripción del proceso y permitir una preparación exhaustiva del recurso, en una etapa clave posterior a la absolución del exmandatario por el Tribunal Superior de Bogotá, quien lo exoneró de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. Este paso se da en un contexto donde jueces de primera y segunda instancia recibieron asignaciones especiales precisamente para prevenir la prescripción, destacando las diferencias en las normas sobre prórrogas entre la Ley 600 de 2000 y la Ley 906 de 2004.
Declaraciones de las partes involucradas
“reitero mi solicitud de prorrogar por 30 días más el término inicial para presentar la demanda de casación”
Marlenne Orjuela Rodríguez, Fiscal Primera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia
“solicitamos respetuosamente la prórroga del término de sustentación del recurso de casación, conforme a lo dispuesto en el artículo 158 de la Ley 906 de 2004”
Reinaldo Villalba Vargas, Miguel Ángel del Río Malo y Juan David León Quiroga, abogados de las víctimas
Esta acción conjunta entre la Fiscalía y los representantes de las víctimas subraya la importancia de contar con un plazo adicional para fortalecer la sustentación del recurso de casación, asegurando que el proceso avance con rigor jurídico y sin contratiempos que puedan afectar su validez, en un caso que mantiene alta atención pública por involucrar al expresidente Uribe.
