En un caso que enciende las alarmas sobre los riesgos de los procedimientos estéticos no regulados, la fisioterapeuta Tathiana María Muñoz Muñoz fue enviada a prisión preventiva en Medellín. La medida fue impuesta el 30 de junio de 2026, luego de que la Fiscalía la imputara por los delitos de lesiones personales dolosas y fabricación y comercialización de sustancias nocivas para la salud. Los hechos ocurrieron entre julio y agosto de 2024, cuando la mujer habría aplicado una sustancia promocionada como quemador de grasa a tres personas, una de ellas un hombre y las otras dos mujeres, en un local del barrio Belén y en un centro estético del barrio La América.
La sustancia inyectada carecía de registro sanitario del Invima y el establecimiento donde se realizaron los procedimientos no contaba con los permisos administrativos ni de salud requeridos para prácticas invasivas. Como consecuencia, las tres víctimas sufrieron secuelas irreversibles, entre ellas deformidades y alteraciones funcionales, que requirieron atención médica especializada. La captura de Muñoz Muñoz fue ejecutada por el CTI en coordinación con la Policía Nacional y la Secretaría de Salud de Medellín, mediante un allanamiento. La acusada no aceptó los cargos imputados durante la audiencia.
Riesgos de los procedimientos estéticos ilegales
El caso se suma a una creciente preocupación por la seguridad en el sector estético en Colombia. Como antecedente, el artículo recuerda la muerte de Yulixa Toloza tras someterse a una lipólisis láser en un centro estético ilegal en Bogotá, un trágico ejemplo de los peligros que enfrentan los pacientes cuando optan por intervenciones en lugares no habilitados. Colombia ocupa el cuarto lugar en preferencia mundial para cirugías plásticas, con más de 21 millones de procedimientos quirúrgicos anuales, según datos de la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética. Esta alta demanda ha generado un mercado paralelo donde centros no regulados ofrecen procedimientos a precios bajos, como los que se ofertaban por entre 3 y 5 millones de pesos en el caso de Yulixa Toloza.
«La recomendación central es no decidir solo por el precio y revisar si el centro está habilitado por las autoridades.»
Luis Devoz, miembro de American Society of Plastic Surgeons y Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica
El doctor Luis Devoz insiste en que, antes de cualquier intervención, los pacientes deben verificar que el centro cuente con la habilitación de las autoridades, servicios de emergencia, hospitalización y cuidados intensivos. Su llamado es una advertencia directa para quienes buscan soluciones estéticas rápidas y económicas sin reparar en los riesgos. El caso de Tathiana María Muñoz Muñoz, ahora en prisión preventiva, deja en evidencia las consecuencias devastadoras de la falta de control en un sector que, por su popularidad, exige una fiscalización más rigurosa.
