La Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) emitió una alerta sobre el Decreto 1525, expedido el pasado 13 de octubre de 2026 por el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, al considerar que la norma modifica las reglas de intervención de la Policía Nacional en manifestaciones públicas sin establecer garantías explícitas para proteger a la prensa durante el cubrimiento periodístico. A través de un comunicado público, la organización advirtió que los nuevos procedimientos autorizan intervenciones inmediatas ante ciertos hechos de violencia y permiten omitir etapas previas de diálogo y mediación, lo que incrementa el riesgo de agresiones contra los periodistas que documentan las protestas en todo el territorio nacional.
El decreto, que actualiza los protocolos de actuación policial en contextos de movilización ciudadana, preocupa especialmente a la Flip por la ausencia de garantías operativas que impidan que los periodistas sean apartados de los lugares donde ocurren los hechos, se les impida grabar o resulten afectados por el uso de la fuerza. Este escenario remite a lo ocurrido durante el estallido social de 2021, cuando la fundación documentó 263 agresiones contra la prensa en todo el país. De ese total, 239 agresiones ocurrieron mientras los comunicadores cubrían asuntos vinculados con las marchas entre abril y diciembre de ese año, lo que representa el 90,9 por ciento del total de ataques registrados en 2021. El antecedente expone la dimensión del riesgo que enfrentan los periodistas en manifestaciones y que, según la Flip, podría agravarse con la nueva normativa.
«La norma autoriza intervenciones inmediatas ante ciertos hechos de violencia y permite omitir etapas previas de diálogo y mediación sin fijar garantías operativas suficientes para que esas actuaciones no terminen en agresiones contra las y los periodistas o en restricciones a su trabajo», señala el comunicado de la Fundación para la Libertad de Prensa.
La organización insistió en que la existencia de situaciones de violencia no suspende las garantías de la libertad de prensa ni autoriza a confundir a quienes documentan una manifestación con quienes participan en actos violentos. Por el contrario, la Flip subrayó que en contextos de alta tensión social el trabajo periodístico debe ser protegido de manera especial, y no expuesto a procedimientos que limiten su labor o pongan en riesgo su integridad física.
«La existencia de situaciones de violencia no suspende las garantías de la libertad de prensa ni autoriza a confundir a quienes documentan una manifestación con quienes participan en actos violentos», advierte la Flip en su comunicado oficial.
El Decreto 1525, firmado por el presidente Abelardo de la Espriella, modifica las reglas de intervención de la Policía Nacional en manifestaciones públicas. Mientras el Gobierno defiende la necesidad de actuar con inmediatez ante hechos violentos, la Flip advierte que la omisión de etapas previas de diálogo y mediación puede llevar a que los periodistas sean tratados como parte del conflicto, en lugar de ser reconocidos como observadores independientes. La organización reiteró que la protección de la libertad de prensa no admite excepciones, incluso en contextos de alteración del orden público, y exigió que se establezcan garantías operativas claras antes de que el decreto entre en plena aplicación.
