La Fundación para la Libertad de Prensa cuestionó la posible utilización de la pauta oficial como mecanismo de premio o castigo a los medios de comunicación
También advirtió sobre el efecto intimidatorio de una denuncia contra la firma Cifras y Conceptos por divulgar resultados de una medición sobre la gestión del presidente Abelardo de la Espriella
La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) lanzó una alerta sobre lo que considera posibles mecanismos de presión económica y judicial contra medios de comunicación y empresas encuestadoras, luego de dos episodios ocurridos el 12 de noviembre y relacionados con la difusión de información crítica sobre el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella.
En un pronunciamiento conjunto con la organización El Veinte, la FLIP cuestionó las declaraciones de Carlos Suárez Rojas, presidente de la Junta Directiva de Ecopetrol y estratega de la campaña presidencial de De la Espriella, quien afirmó en su cuenta de X que los medios que replicaron determinadas encuestas eran los mismos a los que el mandatario había ordenado retirarles la pauta oficial.
Para la Fundación, esa afirmación deja planteada una preocupación de fondo: que la asignación de recursos públicos destinados a publicidad institucional pueda estar relacionada con el tipo de cubrimiento que los medios hacen de la administración nacional.
La FLIP recordó que la pauta oficial debe cumplir una función informativa y no convertirse en un instrumento para premiar a medios afines o castigar a quienes ejercen una labor crítica frente al poder.
Advirtió, además, que la distribución arbitraria o discriminatoria de la publicidad estatal puede constituir una forma de censura indirecta, porque genera presiones económicas que afectan especialmente a medios regionales, comunitarios e independientes.
La organización señaló que, aunque Colombia no cuenta con una legislación específica e integral sobre publicidad oficial, existen disposiciones que obligan a que su contratación responda a criterios de transparencia, objetividad y efectividad. También recordó el compromiso adquirido por el Estado en el Acuerdo de Paz de 2016 para establecer parámetros transparentes, objetivos y equitativos en la distribución de estos recursos.
Cuestionamientos por denuncia contra firma encuestadora
El segundo hecho que motivó la alerta está relacionado con una denuncia presentada ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) por Germán Calderón España, quien fue jefe jurídico de la campaña presidencial de De la Espriella y se desempeñó como director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado hasta el pasado 6 de noviembre.
La actuación busca que se abra un procedimiento sancionatorio contra la firma Cifras y Conceptos y su gerente, César Caballero, por la difusión de resultados de una medición sobre los primeros cien días del Gobierno, que ubicó la favorabilidad del presidente por debajo del 50 %.
La FLIP reconoció que existe un régimen legal para las encuestas y que cualquier ciudadano puede acudir a las autoridades para presentar denuncias. Sin embargo, advirtió que este tipo de actuaciones puede tener un efecto intimidatorio cuando se dirige contra una empresa por divulgar resultados desfavorables para el Gobierno.
Según la Fundación, el contexto en el que se presentó la denuncia resulta especialmente preocupante: coincidió con las declaraciones de un alto funcionario cercano al presidente que descalificó las encuestas y a los medios que las reprodujeron.
Para la organización, la combinación de cuestionamientos públicos, posibles restricciones económicas y actuaciones sancionatorias puede generar un ambiente de presión sobre quienes producen y divulgan información de interés público.
Cinco exigencias al Gobierno y a los organismos de control
Ante estos hechos, la FLIP y El Veinte formularon cinco solicitudes:
- Que la Presidencia aclare si impartió instrucciones para retirar la pauta oficial a algún medio de comunicación y cuáles fueron los criterios utilizados.
- Que el Gobierno establezca y publique criterios objetivos y transparentes para distribuir la publicidad estatal, y dé a conocer el listado de medios beneficiarios.
- Que Carlos Suárez Rojas cese las expresiones que, según las organizaciones, generan intimidación contra los medios.
- Que la Procuraduría y la Contraloría vigilen los procesos de asignación de la pauta oficial.
- Que se exprese solidaridad con Cifras y Conceptos y con los medios de comunicación señalados.
La FLIP advirtió que estas situaciones se suman a otras preocupaciones que ha planteado frente a las restricciones de acceso a entrevistas y ruedas de prensa para medios considerados no afines al Gobierno.
El pronunciamiento concluye con un llamado a proteger la independencia periodística y el derecho ciudadano a recibir información sin interferencias.
La discusión, advierte la organización, trasciende la distribución de recursos públicos: compromete las garantías para que los medios informen, las encuestadoras midan la opinión y los ciudadanos conozcan y evalúen la gestión de sus gobernantes.
Fuente: FLIP
