En un hecho que ha encendido las alarmas en el gremio periodístico colombiano, la Fiscalía General de la Nación, a través de la Fiscalía 315 Local de Bogotá, ordenó una inspección judicial a la sede del medio independiente Casa Macondo. La medida, que busca verificar soportes, correos, documentos y comunicaciones relacionadas con publicaciones del medio, fue cuestionada de inmediato por la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), que solicitó la revisión de la actuación al considerar que compromete directamente la reserva de fuentes y el secreto profesional. El caso llegó incluso al despacho de la fiscal general, Luz Adriana Camargo.
De acuerdo con la información conocida la tarde del lunes 9 de noviembre de 2026, la diligencia judicial se enmarca en una denuncia por publicaciones que habrían afectado al abogado Francisco Bernate, quien representa al denunciante, una persona cuya identidad no ha sido revelada. La inspección, según la orden, pretende determinar la existencia de soportes de la información publicada, así como revisar datos de recepción y fechas disponibles en el sitio web o solicitarla por escrito. Para la Flip, este procedimiento representa una amenaza directa, ya que el acceso a archivos y procesos de reportería puede exponer, de forma indirecta, la identidad de fuentes protegidas, incluso si en la orden no se exige explícitamente revelar nombres.
La controversia se profundiza al contrastar esta acción con la Directiva 003 de 2023, emitida por la propia Fiscalía, que establece lineamientos claros para proteger el secreto profesional periodístico en el curso de investigaciones penales. Esta normativa instruye a los fiscales a abstenerse de ordenar actividades que pongan en peligro dicho secreto. Para la Flip, la orden de inspección a Casa Macondo contradice este principio fundamental, pues expone documentos y métodos propios del oficio. En su comunicado, la organización señaló que «la aclaración de la orden sobre no exigir la identificación de fuentes protegidas no elimina el riesgo», y que una directiva diseñada para proteger el secreto profesional «pierde su propósito si los despachos ordenan diligencias que lo ponen en riesgo».
Juan Pablo Barrientos, director de Casa Macondo, rechazó categóricamente la medida. En su cuenta de X, denunció: «La @FiscaliaCol acaba de ordenar una inspección judicial a @Casa_Macondo, en contravía de la Directiva 003 de 2023, que prohíbe a los fiscales realizar estas diligencias. Nos quieren aniquilar de una u otra forma. Estamos solos, pero no nos vamos a dejar silenciar». La situación de Barrientos es particularmente compleja, pues enfrenta actualmente trece denuncias penales activas, un acumulado que, según la Flip, constituye una forma de presión judicial que puede limitar severamente su capacidad investigativa y la del medio.
La ONG El Veinte también se pronunció con firmeza, calificando la inspección como un acto de intimidación. «Someter a un medio a una inspección por lo que publica es una forma de presión que genera autocensura y envía un mensaje intimidatorio a toda la prensa, especialmente a los medios independientes y alternativos», advirtió la organización en un comunicado. El Veinte fue más allá al explicar que «los documentos y fechas de recepción pueden revelar quién le habló a un periodista», subrayando que «la reserva no se protege solo evitando preguntar nombres» y que «sin reserva de la fuente no hay periodismo de investigación, y sin periodismo de investigación no hay control ciudadano al poder».
«En una democracia, la verdad de lo que publica un medio se discute con la réplica, la rectificación y el debate público, no con la intromisión de la autoridad penal en sus archivos.»
ONG El Veinte
La Flip, por su parte, ha solicitado que se garantice a Barrientos y a su defensa el acceso a la información del expediente, con el fin de conocer el alcance exacto de la actuación y poder ejercer plenamente sus derechos. Mientras tanto, organizaciones defensoras de la libertad de prensa han expresado su solidaridad con Casa Macondo y han hecho un llamado a la fiscal general para que revise la medida, advirtiendo que este tipo de acciones, más que buscar la verdad jurídica, pueden interpretarse como un intento de silenciar el periodismo crítico e independiente en el país.
