Transparencia por Colombia encendió las alarmas sobre la gestión de los recursos destinados a la reconstrucción tras el terremoto del pasado 10 de agosto, al revelar que el Fondo Milagro, creado por el Gobierno Nacional para canalizar cerca de un billón de pesos, carece de manuales operativo y de contratación públicos. En su más reciente informe, titulado “Transparencia Reconstruye: Tercer Informe de seguimiento”, la organización no gubernamental advierte que no se ha podido verificar el tablero de monitoreo anunciado por las autoridades y que, hasta la fecha, ningún contrato del fondo aparece registrado en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP). El análisis, que abarca el periodo comprendido entre el 11 de agosto y el 3 de noviembre, examinó datos oficiales, registros de contratación y declaraciones institucionales para evaluar la trazabilidad de los recursos en medio de la emergencia que afectó a 111 municipios en 12 departamentos del país.
El informe detalla que, pese a la magnitud de la catástrofe que dejó 778.281 personas registradas en el Registro Único de Damnificados, 203.301 viviendas averiadas, 51.778 destruidas y 5.309 sedes educativas afectadas, la transparencia en el manejo de los fondos públicos ha sido insuficiente. El Fondo Milagro, constituido como un patrimonio autónomo el 5 de octubre mediante un contrato con Fiducoldex, fue dotado inicialmente con una partida de 624.656 millones de pesos a través de un crédito multilateral anunciado el 15 de octubre, y se contempla que el Ministerio de Hacienda pueda reorientar saldos públicos no comprometidos hacia este mecanismo, según el Decreto 1599 de 2026. Sin embargo, la ONG subraya que, sin manuales operativos accesibles ni un sistema de seguimiento verificable, la rendición de cuentas se vuelve prácticamente imposible.
Falta de registros y concentración de contratos
El análisis de Transparencia por Colombia identificó que, en total, se han suscrito 1.099 contratos asociados a la atención y reconstrucción, por un valor de 265.088 millones de pesos, según los datos disponibles en el SECOP. De estos, el 84% corresponden a contratación directa, con un monto que asciende a 227.378 millones de pesos, y el 53% de esos contratos bajo la modalidad directa se justificaron mediante la figura de urgencia manifiesta. La organización advierte que el 97,1% de los contratos fueron firmados por entidades territoriales, lo que revela una fuerte descentralización en la ejecución, pero también una complejidad adicional para el seguimiento, ya que muchas alcaldías y gobernaciones aún registran procesos en el sistema SECOP I, en lugar del moderno SECOP II, y no existe un identificador común que permita rastrear todos los contratos ligados al sismo.
Además, la ONG encontró que los recursos propios de las alcaldías y gobernaciones financiaron el 59% de los contratos, mientras que el Gobierno Nacional ha anunciado múltiples partidas: el 22 de octubre la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) reportó una ejecución de apoyos económicos por aproximadamente 377.000 millones de pesos, y para noviembre el Ministerio de Vivienda anunció un ingreso de 826.000 millones de pesos. No obstante, el Plan de Acción Específico para la Recuperación (PAE) proyecta necesidades por 58,29 billones de pesos, lo que evidencia la enorme brecha entre los recursos disponibles y lo requerido para una reconstrucción integral.
Planes de reconstrucción y exigencias de la ONG
En medio de las 119 decisiones administrativas vinculadas con la emergencia —73 de nivel nacional y 46 territoriales—, solo se encuentran disponibles dos planes territoriales de reconstrucción: los de Valle del Cauca y Pereira. Esta carencia de instrumentos de planificación, sumada a la opacidad en la operación del Fondo Milagro, llevó a Transparencia por Colombia a exigir la publicación inmediata de los manuales del fondo, los planes territoriales pendientes y datos desagregados sobre el uso de los recursos, los criterios de asignación y los beneficiarios finales. La organización advierte que, sin estas garantías, el riesgo de desviación de fondos y de una reconstrucción desigual es elevado, en un momento en que millones de colombianos aún esperan respuestas concretas para recuperar sus hogares, sus escuelas y su vida cotidiana.
