El representante a la Cámara por el Centro Democrático, Andrés Forero, denunció el gasto anual de 232.000 dólares en el arriendo de la embajada colombiana en Riad, Arabia Saudita, ubicada en la Villa Zona de Al Nuzha, un desembolso que contrasta con los recortes presupuestales impuestos a la Defensoría del Pueblo, los cuales afectan los pagos a más de 5.160 contratistas y defensores públicos. Según cifras entregadas por la Cancillería, este arrendamiento equivale a 19.333 dólares mensuales o cerca de 72 millones de pesos al mes, sumando aproximadamente 1.000 millones de pesos al año, en medio de una supuesta emergencia económica declarada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro.
El proceso de selección del inmueble fue coordinado por el Comité de Bienes Inmuebles de la Cancillería, conforme a la Resolución 8251 del 31 de octubre de 2022, y resultó en una decisión unánime tras la retirada de la oferta original y la evaluación de dos alternativas presentadas por una inmobiliaria, incluyendo visitas in situ. A estos 232.000 dólares anuales se suman gastos adicionales por 55.000 dólares en mobiliario, 43.050 dólares en IVA, 5.800 dólares en comisión inmobiliaria y 30.000 dólares en equipos tecnológicos, elevando el total inicial a 267.700 dólares. Estos recortes presupuestales para la Defensoría, notificados en diciembre y proyectados para 2026, son inferiores a lo solicitado y aprobado previamente, generando alertas sobre la continuidad de servicios fundamentales, según ha advertido la defensora del Pueblo, Iris Marín.
Controversia por prioridades en el uso de recursos públicos
La Cancillería ha defendido el procedimiento como ajustado a la normativa vigente, destacando la evaluación técnica del comité para garantizar una sede adecuada en Riad. Sin embargo, la denuncia de Forero surge en el marco de un debate político sobre el uso de recursos estatales, cuestionando la coherencia de las asignaciones presupuestales del Gobierno Petro, especialmente cuando la inauguración de esta sede diplomática fue presentada por el presidente como un símbolo de transformación en la política exterior colombiana.
“Mientras Gustavo Petro deja sin pago decembrino a los contratistas de la Defensoría del Pueblo, se gasta casi $1.000 M anuales en el arrendamiento de la lujosa y extravagante embajada en Arabia Saudita. Cuesta entender las prioridades del gobierno en medio de la “emergencia económica”
Andrés Forero, representante a la Cámara (Centro Democrático)
Esta controversia política pone en evidencia tensiones sobre las prioridades del Ejecutivo, donde la apertura de nuevas representaciones diplomáticas choca con las limitaciones financieras que impactan entidades clave como la Defensoría del Pueblo, arriesgando la prestación de servicios esenciales a la población vulnerable en Colombia.
