Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), vio reducida su fortuna declarada en casi un 46 por ciento, pasando de cerca de 12.000 millones de pesos a aproximadamente 6.500 millones, en un movimiento patrimonial que ocurrió justo antes de que la Fiscalía General de la Nación lo acusara por irregularidades en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Esta disminución se registró mediante ventas y transferencias de bienes en el círculo familiar, involucrando a su esposa Luz Dana Leal y a su hija Tania América González Millares, en los días previos a una citación judicial y una restricción migratoria, con una audiencia programada para el 29 de enero.
Entre septiembre de 2024 y fechas recientes, se concretaron transacciones clave como la compra por parte de Leal de la participación de González en una propiedad ubicada en el norte de Bogotá por 550 millones de pesos, y la venta de un apartamento en el exclusivo sector de El Chicó de Leal a su hija por 675 millones de pesos. Estos movimientos se dan en el contexto de una investigación por presuntas maniobras de corrupción con recursos de la Ungrd destinados a obtener apoyos políticos en el Congreso para reformas pensional y sanitaria, lo que derivó en cargos por cohecho, peculado por apropiación y lavado de activos.
Acusaciones por peculado y sobornos millonarios
La Fiscalía imputa a González un peculado por apropiación de 4.000 millones de pesos, además de sobornos cuyas ofertas iniciales superaron los 60.000 millones, con concretados de 3.000 millones y 1.000 millones de pesos. El escrito de acusación fue radicado ante la Corte Suprema de Justicia y vincula a entidades como las corporaciones Sor Teresa de Calcuta, Asís de Colombia y Dansgold S.A.S., así como a terceros como Iván Leonidas Name Vásquez y Andrés David Calle Aguas. Luz Dana Leal renunció a su cargo en el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) antes de salir del país hacia Nicaragua, mientras que González solicitó asilo político en esa nación.
«El procesamiento de los dineros evidencia una estrategia para dar apariencia de legalidad a recursos de origen ilegal»
Escrito de acusación de la Fiscalía General de la Nación
Los movimientos patrimoniales en el núcleo familiar de González están bajo escrutinio probatorio como parte de esta trama de desvío de fondos públicos, que busca esclarecer cómo se habrían utilizado recursos de la Ungrd para fines políticos indebidos, en un caso que sigue desarrollándose ante las altas cortes y que podría tener repercusiones significativas en el panorama político nacional.
