La audiencia de conciliación entre el presidente Gustavo Petro y los congresistas Jonathan Pulido Hernández, conocido como Jota Pe Hernández, Lina María Garrido y Miguel Polo Polo no surtió efecto, por lo que las denuncias por menoscabo a la integridad nacional, injuria, calumnia agravada e instigación a la guerra continuarán su curso en la Corte Suprema de Justicia. Así lo confirmó este 22 de mayo de 2026 el abogado Alejandro Carranza, representante del jefe de Estado, tras la fallida diligencia que buscaba un acuerdo entre las partes. Los legisladores habían respaldado públicamente la posibilidad de que Estados Unidos adelantara una incursión armada en Colombia y que autoridades de ese país investigaran penalmente al presidente Petro por presuntos nexos ilegales, declaraciones que, desde la perspectiva del mandatario, atentan contra la soberanía nacional.
El conflicto se originó en el contexto de las tensiones diplomáticas entre Colombia y Estados Unidos, cuando en 2025 el entonces presidente estadounidense Donald Trump advirtió sobre un posible ataque o incursión armada en territorio colombiano por el narcotráfico, afirmando que «Colombia está fabricando cocaína» y que «cualquiera que haga eso y lo venda en nuestro país está sujeto a ataque». Aunque en enero de 2026 Petro y Trump sostuvieron una comunicación telefónica y posteriormente se reunieron en Washington, logrando restablecer relaciones y evitar la incursión armada, los congresistas se mantuvieron en su postura de respaldar una investigación estadounidense contra el presidente. En la audiencia, el senador Jota Pe Hernández ratificó su posición ante la Corte, afirmando que no existe delito alguno en su conducta. «Le manifestamos a la Corte Suprema que aquí no existe ningún tipo de delito. El senador Jota Pe Hernández le ha solicitado a Estados Unidos que investigue. Allí se llevan a cabo dos investigaciones en contra del presidente y pues por esa razón yo no puedo conciliar», declaró Hernández, quien además insistió en que si se halla culpable al mandatario, debe responder ante la justicia.
Denuncias por atentar contra la integridad nacional
El abogado Alejandro Carranza explicó que la decisión de no conciliar responde a la gravedad de las acusaciones, que consideró inaceptables para cualquier nación. «Las denuncias que se formularon contra ellos fueron por menoscabo a la integridad nacional, al pedir que ojalá a Colombia la invadan para que se lleven al presidente o pedir que ojalá al presidente lo metan preso porque es aliado del narcotráfico», señaló el representante legal del presidente Petro. Carranza agregó que no existe razón ideológica ni política que justifique tales afirmaciones y que por ello se debe llevar el proceso hasta las últimas consecuencias. «Es algo que no se puede permitir. Por eso, por el amor a Colombia, por la unidad nacional y la integridad nacional soberana, es que se hace esta denuncia y se ha establecido que se debe continuar hasta el final», enfatizó.
El senador Pulido Hernández, quien asistió personalmente a la audiencia en la Corte Suprema de Justicia, defendió su postura argumentando que su solicitud de investigación se enmarca en el derecho a pedir que se esclarezcan posibles vínculos ilícitos del presidente. En ese sentido, ratificó que no hay razón para conciliar, pues considera que su conducta no constituye delito. Los representantes Lina María Garrido y Miguel Polo Polo también fueron parte del proceso, aunque no se pronunciaron públicamente al término de la audiencia. La controversia se inscribe en un clima de fuerte polarización política, donde las acusaciones cruzadas entre el Ejecutivo y sectores de la oposición han escalado a instancias judiciales. Ahora, será la Corte Suprema la que determine el futuro de las denuncias, en un caso que pone a prueba los límites de la libertad de expresión frente a la protección de la soberanía nacional y la integridad del Estado.
