El exvicepresidente Francisco Santos desató una nueva controversia al exigir el cierre de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), tras las declaraciones del excomandante de las Farc Rodrigo Londoño, alias ‘Timochenko’, quien durante un viaje autorizado a España dejó entrever la posibilidad de no regresar al país. En un mensaje publicado en su cuenta de X, Santos calificó a la JEP de «cómplice de criminales de guerra» y pidió comenzar por desfinanciarla, al tiempo que cuestionó los salarios y contratos en el organismo, mencionando el caso de Pilar Rueda, esposa del excandidato presidencial Iván Cepeda, quien se reintegró como asesora de Despacho de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP el pasado 8 de julio de 2026.
La polémica se originó cuando Londoño, invitado por Izquierda Unida, viajó a España entre el 20 de junio y el 12 de julio de 2026 con autorización de la JEP. Durante su estancia, al ser consultado sobre su regreso, respondió: «Voy a ver si vuelvo». La frase generó suspicacias sobre su intención de cumplir con la orden judicial que le exigía presentarse personalmente ante la Secretaría Judicial de la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad (SRVR) a más tardar el 14 de julio de 2026. La autorización de la JEP establecía que la salida del país era improrrogable salvo fuerza mayor y que debía asistir de manera virtual a una diligencia programada para el 24 de junio.
Críticas cruzadas y defensa de la JEP
El congresista electo por el Centro Democrático, Daniel Briceño, se sumó a las críticas y advirtió que, si Londoño se quedaba en Europa, la JEP sería cómplice de la fuga de «uno de los delincuentes más grandes de la historia de Colombia». Briceño equiparó la situación con el caso del exdirector de la UNGRD, Carlos Ramón González, a quien señaló como protegido del gobierno de Gustavo Petro. Sin embargo, tras la controversia, el exjefe guerrillero se presentó en las instalaciones de la JEP para reportar su llegada y cumplir con la orden judicial, despejando momentáneamente las dudas sobre su regreso.
«Hay que cerrar la JEP cómplice de estos criminales de guerra, que la verdad se salieron con la suya. Comenzar por desfinanciarla y acabar con esos cómodos salarios, como el de la esposa de Iván Cepeda. Qué vergüenza de proceso de paz que no trajo paz, no trajo justicia, no trajo reconciliación y sí trajo impunidad. Juan Manuel Santos»
Francisco Santos, exvicepresidente de la República
La JEP, creada en el marco del Acuerdo de Paz de 2016 entre el gobierno colombiano y las Farc, ha sido un blanco recurrente de críticas por parte de sectores de oposición que consideran que otorga impunidad a cambio de verdad. El presidente electo, Abelardo de la Espriella, quien asumirá el cargo el 7 de agosto de 2026, ha anunciado que buscará desmontar el esquema de justicia transicional e incluso intentará que el excomandante de las Farc vuelva a prisión. La polémica por las declaraciones de Londoño reavivó el debate sobre la efectividad y legitimidad de la JEP, así como sobre el futuro de los mecanismos de justicia transicional en Colombia.
