El exvicepresidente de Colombia Francisco Santos, quien ocupó el cargo durante los dos gobiernos de Álvaro Uribe, solicitó este jueves el cierre de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tras la controversia generada por el viaje autorizado a España de Rodrigo Londoño Echeverry, alias Timochenko, último comandante de las extintas Farc. A través de su cuenta en la red social X, Santos calificó a la JEP como «cómplice de criminales de guerra» y pidió comenzar por desfinanciarla, en medio de la incertidumbre que rodeó el regreso al país del líder del partido Comunes, quien finalmente se presentó personalmente ante la justicia transicional para certificar su retorno.
La JEP había autorizado la salida de Londoño entre el 20 de junio y el 12 de julio de 2026, con plazo improrrogable para presentarse ante la Secretaría Judicial de la Sección de Revisión de Sentencias a más tardar el 14 de julio del mismo año. La autorización incluía una diligencia virtual programada para el 24 de junio. Sin embargo, las declaraciones del propio Londoño a la emisora Blu Radio, en las que afirmó «voy a ver si vuelvo», provocaron una oleada de reacciones políticas y abrieron la hipótesis de que pudiera quedar en condición de prófugo.
«Hay que cerrar la JEP cómplice de estos criminales de guerra, que la verdad se salieron con la suya. Comenzar por desfinanciarla y acabar con esos cómodos salarios, como el de la esposa de Iván Cepeda. Qué vergüenza de proceso de paz que no trajo paz, no trajo justicia, no trajo reconciliación y si trajo impunidad»
Francisco Santos, exvicepresidente de Colombia (publicado en su cuenta de X)
En la misma línea, el congresista electo del Centro Democrático Daniel Briceño advirtió desde su cuenta de X que si Timochenko se quedaba en Europa y no regresaba, la JEP sería cómplice de su fuga, al igual que, según dijo, el gobierno de Gustavo Petro lo fue de la fuga de Carlos Ramón González. La polémica escaló al punto de que el presidente electo, Abelardo de la Espriella, quien asumirá el Gobierno el próximo 7 de agosto de 2026, anunció su intención de desmontar la justicia transicional y que Timochenko vuelva a prisión.
Pese a las especulaciones, videos y fotografías difundidos en redes sociales mostraron a Rodrigo Londoño presentándose personalmente ante las instalaciones de la JEP, certificando así su regreso a Colombia. La autorización de viaje, emitida por la Sección de Revisión de Sentencias, establecía que la salida del país era «improrrogable salvo fuerza mayor». La invitación al excomandante guerrillero había sido cursada por el partido Izquierda Unida de España.
En medio del cruce de acusaciones, Francisco Santos también señaló que la JEP ha otorgado contratos a familiares de políticos cercanos a la izquierda, mencionando específicamente a Pilar Rueda, esposa del excandidato presidencial Iván Cepeda, quien se reintegró el 8 de julio de 2026 como asesora de Despacho de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP. La declaración del exvicepresidente reactivó el debate sobre la legitimidad y el futuro del sistema de justicia transicional creado en el marco del Acuerdo de Paz de 2016, firmado entre el Gobierno colombiano y las Farc. Mientras tanto, el plazo de presentación personal de Londoño ante la JEP venció sin contratiempos, aunque dejó una estela de desconfianza entre los sectores más críticos del proceso. (Fin de la noticia)
