La Fuerza de Tarea Conjunta Urano, unidad militar y policial reactivada en octubre de 2026 por el presidente Abelardo de la Espriella, ha logrado recuperar más de 100.000 galones de combustible, capturar a 21 personas e incautar 22 vehículos durante los operativos realizados en el norte de Colombia contra el hurto de hidrocarburos. Así lo dio a conocer el vocero del Gobierno nacional, Miller Soto, quien junto al coronel Óscar Fernando Reyes, comandante de la unidad, presentó el balance de las primeras semanas de ofensiva coordinada con la Fiscalía, inteligencia del Estado y Ecopetrol.
La sede operativa de esta fuerza conjunta, que reúne cerca de 1.200 uniformados del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la Policía, se encuentra en Aguachica, Cesar. Desde allí se han desplegado patrullajes en el sur del Cesar, el Magdalena Medio y los corredores que conectan con Catatumbo y Norte de Santander, abarcando tramos viales clave como Tamalameque-Aguachica y Tamalameque-Ocaña. Además de las capturas e incautaciones, los uniformados han destruido 46 válvulas clandestinas utilizadas para la extracción ilegal de combustible de los poliductos.
Combustible robado financia el crimen organizado
En una declaración difundida desde la Presidencia de la República, se afirmó que «el robo de combustible es el motor de la cocaína y las balas contra nuestros héroes. Con la reactivación de la Fuerza de Tarea Conjunta Urano, el Estado retoma el control. Ya van más de 100.000 galones recuperados, 46 válvulas destruidas y 21 capturados. Cero complacencias con el terrorismo. Se acabó la caja menor del crimen».
El vocero Miller Soto fue más allá al señalar que «el presidente le dio la primera orden a Urano, el Estado sentado encima del tubo que le estaban robando al país. Se acabó el desorden». En su intervención, Soto subrayó que hay «crímenes que dejan un cadáver y crímenes que dejan un hueco. Le perforan el poliducto a este país y por ese hueco no solo se escapa el combustible, se escapa también la plata con la que se fabrica cocaína y con la que se compran las balas que matan policías, soldados e incluso civiles».
«Quien hurta hidrocarburos hace parte de la cadena terrorista, así lo dijo el presidente, porque ese combustible robado termina financiando la producción de cocaína y quien participe de esa cadena será tratado exactamente como lo que es: un terrorista.»
Miller Soto, vocero del Gobierno nacional
La unidad, que había sido disuelta en noviembre de 2024 durante la administración anterior, fue reactivada bajo el mandato de Abelardo de la Espriella con el objetivo de proteger la infraestructura crítica del Estado y golpear las finanzas de grupos armados ilegales como el ELN, las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo. Según el Ejecutivo, el cese de operaciones de Urano en el gobierno anterior facilitó un incremento de las perforaciones en ductos por parte de las organizaciones criminales.
Laboratorio y articulación judicial
Como parte de su estrategia integral, la Fuerza de Tarea Conjunta Urano incorpora un laboratorio de caracterización técnica que analiza químicamente los insumos incautados para aportar pruebas en estrados judiciales. Este trabajo se articula con la Fiscalía para investigar a los financiadores, transportadores y comercializadores de combustible ilegal, desde la extracción clandestina hasta la venta final en el mercado negro.
El mando único de la unidad está a cargo del coronel Óscar Fernando Reyes, quien lidera el despliegue de los cerca de 1.200 uniformados en los corredores energéticos del norte colombiano. «Este Gobierno no estrenó una idea, resucitó una que funcionaba y que la indolencia del gobierno anterior decidió apagar», enfatizó Miller Soto. «Con el terrorismo no hay complacencias ni hay negociaciones. Cada galón robado es un atentado al bolsillo de los colombianos. Urano está ahí para que ese tubo deje de ser caja menor de la delincuencia».
El balance de los operativos, que continúan desarrollándose en la jurisdicción de la unidad, representa un golpe significativo a las economías criminales que se alimentan del hurto de hidrocarburos en una zona estratégica para la seguridad energética del país. Las autoridades esperan que la presencia permanente de la fuerza conjunta permita restablecer el control territorial en los corredores energéticos y proteger a las comunidades afectadas por las disputas entre grupos armados ilegales.
