En un giro radical a una investigación que inicialmente se manejó como un suicidio, una funcionaria del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) fue imputada por el presunto homicidio de su esposo, ocurrido el pasado 21 de marzo en un apartamento del conjunto residencial Catedral Plaza de Barranquilla. Se trata de Chirley Hernández Rojas, quien deberá responder por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego tras los hallazgos forenses que descartaron la hipótesis del suicidio y apuntaron a una muerte violenta de carácter intencional. La víctima fue identificada como Aldemar Alfredo Avendaño Carrillo, un citador de la Sala de Justicia y Paz de 52 años de edad. Durante la audiencia de imputación, que se adelantó el miércoles 26 de agosto y que continuará este jueves 27 desde las 8:30 de la mañana, la imputada no aceptó los cargos en su contra.
La Fiscalía, representada por el fiscal 23 de Vida Seccional Barranquilla, Adolfo Niebles Torres, sostiene que Hernández Rojas habría disparado contra su esposo en tres ocasiones, impactándolo en la cabeza, el tórax y el antebrazo izquierdo. La versión inicial presentada por la funcionaria del CTI indicaba que Avendaño Carrillo había llegado al apartamento ebrio, se había recostado a ver televisión y que, posteriormente, uno de los hijos de la pareja la despertó para informarle que él se había disparado. Sin embargo, la necropsia y los análisis forenses contradijeron de manera contundente este relato. “Se evidenciaron multiplicidad de heridas con variabilidad en la distancia de disparo. La lesión que presenta en el antebrazo izquierdo, tercio distal, puede ser de carácter defensivo”, explicó el fiscal Niebles Torres, detallando que esa herida en el brazo sería una prueba de que la víctima intentó protegerse del ataque.
Los médicos forenses concluyeron que las heridas encontradas en el cuerpo de Aldemar Alfredo Avendaño no correspondían a un patrón suicida típico, lo que llevó a la Fiscalía a considerar una etiología homicida. “Los médicos forenses consideraron que esas heridas que presentaba Aldemar en su cuerpo no son características de un patrón suicida típico. Se plantea la necesidad de considerar una etiología homicida”, afirmó el fiscal. Además, el examen de residuos de disparo practicado en las manos y la ropa de Chirley Hernández Rojas reveló la presencia de partículas metálicas, mientras que los videos de seguridad del conjunto residencial confirmaron que en el apartamento solo se encontraban la víctima, la imputada y dos hijos de la pareja, descartando la presencia de un quinto sujeto que la defensa pudo haber intentado señalar como responsable. La Fiscalía también subrayó que no se encontró evidencia de que alguna persona hubiera ingresado o salido del inmueble en el momento de los hechos.
El arma homicida fue sometida a un examen de laboratorio que la declaró apta para disparar, y la evidencia mostró que, aunque el arma estaba junto al cuerpo de la víctima y su mano derecha sobre ella, las características de los disparos no coincidían con un suicidio. Especialmente, se señaló que el disparo en la cabeza no presentaba las características de un tiro por contacto, un elemento clave en los casos de autolesión fatal. “El dicho de la imputada quedó claramente desdibujado con las evidencias aportadas a la presente investigación penal”, enfatizó el fiscal Niebles Torres. La Fiscalía también argumentó que la víctima se encontraba en un estado de indefensión, presuntamente bajo los efectos del alcohol, lo que agrava la imputación.
Contradicciones en la versión de la imputada
Durante las primeras etapas de la investigación, la funcionaria del CTI alegó que su esposo enfrentaba problemas personales y laborales, mencionando inconvenientes con postulados de las AUC, un embargo de alimentos, insomnio y un tratamiento psiquiátrico, como posibles motivos para un suicidio. No obstante, la contundencia de las pruebas forenses desvirtuó por completo esta teoría. “No es producto del azar, ni mucho menos caprichosa, ni producto de un falso positivo”, recalcó el fiscal, refiriéndose a la vinculación de Hernández Rojas como presunta autora material del crimen. La Fiscalía, al considerar que la imputada representa un peligro para la sociedad, solicitó la imposición de una medida de aseguramiento privativa de la libertad. La audiencia, que se reanudará este jueves a las 8:30 de la mañana, definirá la situación jurídica de Chirley Hernández Rojas, mientras la defensa y el Ministerio Público preparan sus intervenciones en torno a la medida solicitada por el ente acusador.
