Una grave denuncia sacude la Casa de Nariño. Una funcionaria del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) asegura que fue sometida a un interrogatorio sin abogado ni garantías legales y posteriormente obligada a desnudarse por completo durante una requisa en un baño del palacio de gobierno. Los hechos ocurrieron el pasado 29 de octubre y han sido divulgados por el medio La Nueva Prensa. El abogado del presidente Gustavo Petro, Alejandro Carranza, ya solicitó la intervención de la Fiscalía General para que investigue el caso.
Según la denuncia, la funcionaria fue citada a una reunión en las propias instalaciones del Dapre, donde se encontró con una mujer y varios hombres que se presentaron como investigadores, aunque no mostraron credenciales. Durante más de cinco horas, según Alejandro Carranza, la interrogaron sobre su contratación, vínculos personales, redes sociales y una supuesta relación con Gustavo Petro. La empleada, quebrantada emocionalmente, rompió a llorar y pidió ir al baño. Fue entonces cuando una teniente de la Policía Nacional la acompañó y, dentro del servicio sanitario, le ordenó mantener la puerta abierta mientras le realizaba una revisión corporal completa: tuvo que quitarse toda la ropa y le revisaron el cabello, los bolsillos y la cartera.
Graves acusaciones y reacciones
El presidente Gustavo Petro reaccionó con dureza a través de su cuenta en X, donde afirmó que la persecución contra mujeres de postura progresista habría llegado a extremos de tortura. “A este extremo ha llegado”, escribió, y señaló que la denuncia debe ampliarse a tortura psicológica. “La quebraron emocionalmente”, le hizo eco su abogado, Alejandro Carranza, quien sostiene que el hecho podría configurar no solo tortura psicológica, sino también violencia política y de género, además de acoso laboral. Carranza fue contundente: “La teniente debe responder”, al pedir que se abra una investigación penal y disciplinaria en su contra.
“A este extremo ha llegado. La denuncia debe ampliarse a tortura psicológica. Sin defensa alguna”.
Gustavo Petro, presidente de la República
Petro también atribuyó responsabilidad política al director del Dapre, Carlos Ríos Puerta, señalando que ordenó interrogatorios a mujeres y permitió que fueran grabadas. Los abogados de la funcionaria evalúan acciones penales y disciplinarias, mientras se plantea la hipótesis no confirmada de que los interrogadores fueran agentes encubiertos de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). El exmandatario vinculó el caso con información de la revista Semana y aseguró que la persecución contra un grupo civil por su identidad política puede constituir un crimen de lesa humanidad, señalamientos que deberán ser verificados por la Fiscalía.
Hasta el momento, no hay pronunciamiento oficial del Dapre ni de la Casa de Nariño. Carranza pidió a la Fiscalía asegurar las grabaciones de las cámaras de seguridad del Dapre y la Secretaría Jurídica antes de que puedan ser eliminadas, en un intento por preservar las pruebas de lo ocurrido aquel 29 de octubre.
