La exfuncionaria de la Aeronáutica Civil y activista digital Gabriela Muñoz, de 20 años y estudiante de derecho, salió al paso de las acusaciones que la señalan de haber tenido una influencia determinante en nombramientos y contrataciones dentro de la entidad. A través de un comunicado público, Muñoz negó rotundamente haber solicitado, recomendado, presionado o gestionado la vinculación de familiares, amigos o terceros, y rechazó de plano la cifra de 12.000 millones de pesos que se ha mencionado como su patrimonio. La joven, quien ocupó el cargo de Auxiliar I, el nivel asistencial más bajo dentro de la Aerocivil, afirmó que sus funciones eran de apoyo y secretariales, sin personal a cargo ni facultades para tomar decisiones directivas.
El escándalo estalló luego de que se conociera que varios integrantes de la familia de Muñoz fueron vinculados a la Aerocivil durante el mismo período. Según la versión de la exfuncionaria, su madre, quien mantenía una relación personal previa con el entonces director de la entidad, presentó las hojas de vida de la familia, y fueron las áreas competentes las que evaluaron y adoptaron las decisiones sobre esos nombramientos. “Yo no participé en la evaluación ni en la decisión sobre esos nombramientos”, sostuvo Muñoz, quien agregó que cada quien debe responder por sus propios actos con su propia evidencia. La activista enfatizó que su cargo no le otorgaba facultades para nombrar o retirar funcionarios, seleccionar contratistas, adjudicar contratos, ordenar gastos ni participar en decisiones de contratación.
Frente a la cifra de 12.000 millones de pesos que circuló en redes sociales y medios, Muñoz fue categórica al calificarla de falsa y pidió una revisión de sus ingresos, declaraciones y situación patrimonial. Afirmó que sus ingresos pueden verificarse directamente en la Aerocivil y que, al ocupar uno de los niveles salariales más bajos de la entidad, resulta materialmente imposible haber acumulado ese patrimonio. La joven también se refirió a las reuniones institucionales a las que asistió por invitación del director, pero aclaró que en esos espacios no tenía capacidad de mando ni poder de decisión, y lanzó una pregunta retórica: “qué decisión habría tomado, qué instrucción habría impartido y qué evidencia demostraría una intervención de mi parte”.
Defensa y denuncia de amenazas
En su comunicado, Muñoz no solo se defendió de las acusaciones, sino que denunció haber recibido amenazas y mensajes hostiles, los cuales ya fueron puestos en conocimiento de las autoridades. La activista diferenció entre el control ciudadano legítimo y el hostigamiento, y anunció que está organizando soportes documentales para entregarlos a las autoridades competentes, manteniéndose dispuesta a colaborar con todas las investigaciones que se adelanten. Las declaraciones más contundentes quedaron plasmadas en el texto difundido a la opinión pública.
“No solicité, recomendé, presioné o gestioné la vinculación de familiares, amigos o terceros”
Gabriela Muñoz, exfuncionaria de la Aerocivil
“Mi cargo no me otorgaba facultades para nombrar o retirar funcionarios, seleccionar contratistas, adjudicar contratos, ordenar gastos ni participar en decisiones de contratación”
Gabriela Muñoz
El caso de Gabriela Muñoz ha puesto en el centro del debate público los mecanismos de vinculación en la Aeronáutica Civil y la transparencia en la gestión de personal. Mientras las autoridades evalúan los documentos que la exfuncionaria se comprometió a entregar, el escándalo sigue generando reacciones encontradas en la opinión pública y en los círculos políticos del país. La joven activista, que construyó una sólida base de seguidores en redes sociales, ahora enfrenta el desafío de demostrar su inocencia en medio de un clima de creciente hostigamiento digital.
