El panorama político colombiano dio un giro notable cuando el precandidato presidencial y director del Nuevo Liberalismo, Juan Manuel Galán, anunció que a partir del 7 de agosto del año entrante propondrá ponerle punto final a la Paz Total y cerrar las negociaciones políticas con grupos armados ilegales. En respuesta, el presidente Gustavo Petro defendió su enfoque y advirtió que, de no cumplirse ciertas condiciones, podrían darse extradiciones de individuos involucrados, una advertencia que fue recogida después a través de mensajes en X y referencias en la prensa, y que ha desatado un intenso intercambio en torno al alcance de la política de seguridad y pacificación vigente en Colombia. Este despacho para La Veintitrés Manizales contextualiza un tema que, a pocos meses de las elecciones, añade tensión al debate sobre la negociación con estructuras armadas y la vía de extradiciones en el marco de la legalidad.
Las declaraciones de Galán fueron difundidas en una entrevista con Infobae Colombia, y Petro respondió mediante comentarios recogidos por Semana y, posteriormente, a través de su cuenta en X. Galán sostuvo que «a partir del 7 de agosto del año entrante hay que ponerle punto final a la Paz Total» y añadió que “se acaban las negociaciones de tipo político con criminales. O sea, ¿quién dijo que uno sigue negociando políticamente con grupos que viven del narcotráfico, de la trata de personas, de la minería criminal, del tráfico de maderas finas?”. Por su parte, Petro sostuvo que bajo su liderazgo «jamás las negociaciones con grupos armados dentro de mi política ha sido política, excepto con el ELN que la desechó» y rechazó cualquier idea de otorgarle carácter político al narcotráfico, añadiendo que «si eso no se da, serán extraditados en mi gobierno» y que «la solución jurídica solo puede hacerse bajo la ley y conducida por la fiscalía».
Entre las cifras destacadas se resalta que Galán cuenta con más de 8,3 millones de seguidores en X y que existen dos personas con extradición suspendida, datos que enmarcan el impacto público de sus llamados. Petro, por su parte, subraya la necesidad de que cualquier solución jurídica pase por procesos socio jurídicos y por la coordinación entre la legalidad y la fiscalía para asegurar que las decisiones se hagan dentro del marco legal.
Reacciones y contexto del giro en Paz Total
La discusión llega en un momento clave del debate electoral y de las negociaciones con estructuras criminales, ya que Paz Total ha sido la columna vertebral de la política de seguridad de Petro. Galán, líder del Nuevo Liberalismo, cuestiona el alcance de esa política y propone cerrar negociaciones con grupos armados ilegales, mientras Petro defiende la necesidad de actuar con la legalidad y de que procesos jurídicos conducidos por la fiscalía determinen cualquier solución.
«A partir del 7 de agosto del año entrante hay que ponerle punto final a la Paz Total» – Juan Manuel Galán, director del Nuevo Liberalismo y precandidato presidencial
«Se acaban las negociaciones de tipo político con criminales. O sea, ¿quién dijo que uno sigue negociando políticamente con grupos que viven del narcotráfico, de la trata de personas, de la minería criminal, del tráfico de maderas finas?» – Juan Manuel Galán, director del Nuevo Liberalismo
«Jamás las negociaciones con grupos armados dentro de mi política ha sido política, excepto con el ELN que la desechó» – Gustavo Petro, presidente de Colombia
«No cometo el error de Uribe de otorgarle carácter político al narcotráfico» – Gustavo Petro, presidente de Colombia
«Si eso no se da, serán extraditados en mi gobierno» – Gustavo Petro, presidente de Colombia
«Pero la solución jurídica solo puede hacerse bajo la ley y conducida por la fiscalía» – Gustavo Petro, presidente de Colombia
Este episodio encarna un choque entre promesas de endurecimiento y realismo jurídico, con el potencial de influir en el tono del debate electoral y en futuras decisiones sobre negociaciones con grupos armados ilegales, a la luz de las referencias a procesos socio jurídicos y a la necesidad de que la legalidad y la Fiscalía coordinen cualquier solución jurídica.
