Las generadoras públicas Urrá, Gensa y Geselca han adoptado una nueva metodología tarifaria impulsada por el Gobierno nacional para frenar la volatilidad de precios en la bolsa eléctrica colombiana. Esta decisión se tomó tras una reunión liderada por el Ministerio de Minas y Energía, junto con la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) y el Ministerio de Hacienda, con la participación del ministro Edwin Palma. La iniciativa busca alinear estas empresas estatales con una fórmula que intervenga en la determinación de precios, reduciendo así prácticas especulativas que han elevado las tarifas finales para los usuarios en todo el país.
En un contexto de debate público sobre el alto costo de la energía, esta medida regulatoria responde a picos en los precios influenciados por dinámicas de mercado que pueden corregirse con ajustes oportunos. Las generadoras públicas, que tienen un peso significativo en el sistema eléctrico nacional, jugarán un rol clave en estabilizar las tarifas y garantizar la sostenibilidad del suministro, especialmente ante desafíos como las sequías que reducen la generación hidráulica y obligan a recurrir a plantas térmicas como respaldo.
Transición energética y programas sociales en el horizonte
La adopción de esta metodología se enmarca en la transición energética del país, que incluye la descarbonización gradual de plantas térmicas a carbón y gas, mientras se promueve la generación distribuida. Un ejemplo es el programa Colombia Solar, que instalará paneles solares en hogares de los estratos 1, 2 y 3 para beneficiar directamente a los hogares más vulnerables. Sin embargo, el panorama internacional complica el escenario, con tensiones como la guerra en Irán y el posible bloqueo del estrecho de Ormuz, por donde circula entre el 20% y el 25% del petróleo mundial, lo que podría disparar los precios del crudo y afectar el costo de las térmicas.
Además, expertos proyectan una ola de calor para finales de 2026 que incrementará la demanda energética, haciendo aún más urgente esta estabilización de precios. Con estas acciones, el Gobierno busca no solo mitigar la volatilidad inmediata, sino sentar bases para un sistema eléctrico más equitativo y resiliente, protegiendo el bolsillo de los colombianos en medio de un mercado cada vez más volátil.
