La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia aprobó un preacuerdo entre la Fiscalía General de la Nación y el general en retiro Jorge Arturo Salgado Restrepo, excomandante de la Séptima División del Ejército Nacional entre 2015 y 2017, por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación. Salgado Restrepo aceptó los cargos relacionados con el direccionamiento de 14 contratos del Batallón de Servicios Número 4 Yariguíes, ubicado en Medellín, favoreciendo a dos empresas específicas: Distrilogística, representada por Samir Fernando García Buitrago, y Ingecodi S.A.S., vinculada a la familia de la ingeniera Viviana González. Estos hechos ocurrieron entre 2015 y 2017, con audiencias desarrolladas entre 2024 y 2025.
El oficial intervino directamente para que el teniente coronel Harold Felipe Páez Roa, entonces al mando del batallón, ajustara los pliegos de condiciones y adjudicara los contratos de cafetería, alimentación, ingeniería y construcción a dichas firmas, recibiendo a cambio beneficios por un valor de 151.397.660 pesos. Entre estos beneficios se incluyeron 36 tiquetes aéreos gestionados a través de Subatours S.A.S., pagos en restaurantes y clubes sociales, alquiler de inmuebles, servicios públicos, combustible, boletería para eventos culturales, televisión satelital y telefonía móvil. Páez Roa recibió instrucciones explícitas desde la Séptima División a través de oficiales y suboficiales para favorecer a estas empresas, cuyos pliegos fueron elaborados precisamente para coincidir con su experiencia.
Acuerdo delictivo y delitos imputados
La Fiscalía califica a Salgado Restrepo como coautor en un concurso homogéneo y sucesivo de conductas, derivado de un acuerdo delictivo entre funcionarios militares y contratistas. Se le imputan 14 delitos de interés indebido en la celebración de contratos y dos de peculado por apropiación, al recibir bienes y servicios financiados con recursos públicos de esos procesos contractuales. La aprobación del preacuerdo por parte de la Sala promueve una justicia consensuada y la terminación anticipada dentro del sistema acusatorio, con la conformidad de la Fiscalía, el Ministerio de Defensa, el Ministerio Público, la defensa y el propio procesado; ahora corresponde a la Sala fijar la pena correspondiente.
“se interesó e intervino para que el coronel Harold Felipe Páez Roa (…) le adjudicara los contratos de cafetería a Samir Fernando García Buitrago, representante de Distrilogística, y los de ingeniería y construcción a Ingecodi S.A.S. —de la familia de la ingeniera Viviana González—”
Preacuerdo entre Fiscalía General de la Nación y Jorge Arturo Salgado Restrepo
“en el papel de garantes de los derechos humanos, no asuman una actitud pasiva o estática frente eventuales allanamientos, preacuerdos, principios de oportunidad, etc., y sin mayor actividad simplemente los nieguen”
Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia
Este caso resalta las irregularidades en la gestión de contratos militares durante la gestión de Salgado Restrepo en la Séptima División, subrayando la importancia de mecanismos como los preacuerdos para agilizar la administración de justicia en procesos de corrupción, aunque genera debate sobre la vigilancia activa de los derechos humanos en estas instancias judiciales.
