El mayor general retirado Hernán Giraldo Restrepo, quien comandó la Décima Brigada Blindada entre diciembre de 2004 y junio de 2006, se convirtió este jueves y viernes en el militar de más alto rango en reconocer públicamente su responsabilidad ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por los asesinatos de 604 civiles que fueron presentados como bajas en combate en la región Caribe. Durante una audiencia de reconocimiento de verdad y responsabilidad realizada en Barranquilla, Giraldo Restrepo aceptó su participación en un patrón criminal organizado que operó mediante presiones por resultados operacionales, señalamiento de civiles como guerrilleros, engaños con falsas ofertas de empleo y captación de personas en condición de vulnerabilidad para asesinarlas y reportarlas como muertes en combate.
Junto al mayor general retirado, otros nueve militares del Ejército Nacional también reconocieron su responsabilidad, entre ellos el brigadier general retirado Adolfo León Hernández Martínez. Todos comparecieron ante la JEP en el marco del Subcaso Costa Caribe II del Caso 03, que investiga las ejecuciones extrajudiciales conocidas como ‘falsos positivos’ como un fenómeno sistemático y generalizado ocurrido entre enero de 2002 y diciembre de 2008 en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre. Durante el periodo en que Giraldo Restrepo estuvo al mando, el 100 % de las bajas reportadas por la Fuerza de Tarea Conjunta Fured, el 82 % del Grupo Rondón y el 55 % del Batallón La Popa correspondieron a civiles asesinados, según los datos presentados por la JEP.
Un patrón criminal con 604 víctimas
De las 604 personas asesinadas y presentadas falsamente como bajas en combate, 26 eran niñas y niños, 31 pertenecían a los pueblos indígenas Wiwa, Wayúu y Kankuamo, y 14 eran mujeres, una de ellas embarazada. En total, 19 unidades militares estuvieron implicadas en este patrón criminal que la JEP ha calificado como una “culturización de la muerte”, expresión utilizada por el mayor retirado Julio César Parga Rivas durante la audiencia. El presidente de la JEP, magistrado Alejandro Ramelli, destacó que “muy pocas investigaciones judiciales logran explicar un fenómeno criminal desde su génesis hasta su desarticulación. Este subcaso Costa Caribe lo consiguió”.
Durante la diligencia, algunas víctimas intervinieron para relatar el impacto de los crímenes y exigir verdad y reparación. Elizabeth Paola Posada Rodríguez declaró: “Hoy lo decimos aquí, en esta sala: los perdonamos”. También participaron Yoleides Johanna Montaño Otero, Nubia Rosalía Lozano de la Rosa, Gilma Patricia Meza Sierra y Danna Carol Lobo Rivas. Como acto de reparación simbólica, tres comparecientes entregaron medallas y condecoraciones obtenidas durante el periodo en el que ocurrieron los crímenes.
“Allá está el cartel que dice: ‘¿Quién dio la orden?’. Yo soy el máximo responsable. Y vine para que ustedes me miren así”
Mayor general retirado Hernán Giraldo Restrepo
“Soy una persona diferente. A veces me dicen, ¿usted a quién le debe que sea diferente?, y les digo: a la JEP, que me aterrizó en la realidad, que me puso a tener demasiadas noches de insomnio y de autocrítica y auto percibirme qué fue lo que hice y qué dejé de hacer”
Mayor general retirado Hernán Giraldo Restrepo
“Comparezco hoy ante ustedes con profunda vergüenza, dolor y con pleno reconocimiento de responsabilidad por los crímenes atroces cometidos durante el grado de teniente coronel en el Batallón ‘La Popa’”
Brigadier general retirado Adolfo León Hernández Martínez
“Las transporté en vehículos, a veces incluso del mismo Ejército. Las llevé a lugares apartados y allí, en la mayoría de los casos, fui yo quien accionó el fusil contra ellas. No hubo combate, ni resistencia, mucho menos una situación de legítimo enfrentamiento”
Teniente retirado Juan Pablo Gutiérrez Jaramillo
Un paso clave en la verdad sobre los falsos positivos
Con este reconocimiento, ya son siete los generales retirados del Ejército que han aceptado su responsabilidad ante la JEP. La audiencia continuará los días 28, 29 y 30 de julio en Valledupar, donde comparecerán otros 15 militares, entre ellos el mayor general retirado Jorge Enrique Navarrete Jadeth. La JEP evaluará los aportes de cada compareciente para determinar si son remitidos al Tribunal para la Paz y eventualmente imponer sanciones propias, que pueden incluir privación efectiva de la libertad en establecimientos de restricción. El magistrado Ramelli subrayó que la investigación del Subcaso Costa Caribe II ha logrado desentrañar el fenómeno criminal desde su origen, marcando un hito en la exigencia de verdad para las víctimas de estos crímenes atroces.
