En una audiencia ante el Tribunal de Bogotá este 8 de mayo de 2026, el general retirado Eduardo Zapateiro, excomandante del Ejército Nacional, se declaró inocente frente a los cargos de presunto acoso sexual imputados por la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia. Las acusaciones involucran a la sargento Lina Suárez y a la abogada Liliana Zambrano, quien se desempeñaba como asesora jurídica del Comando Cibernético de las Fuerzas Militares y es pareja del general Luis Esparza, conocido por liderar la Operación Jaque en 2008 que liberó a 15 secuestrados. La Fiscalía reveló públicamente las identidades de las víctimas y expuso detalles de los hechos, que incluyen insinuaciones, acciones no consentidas, gestos, comentarios y mensajes de WhatsApp enviados por Zapateiro, abusando de su posición jerárquica en un contexto laboral.
Los presuntos abusos excedían cualquier interacción profesional o institucional, según la investigación que incluye mensajes privados que confirman las conductas inapropiadas. En el caso de la sargento Suárez, tras no acceder a las pretensiones de índole sexual del general, fue excluida de un proceso de escalafonamiento pese a haber superado las pruebas físicas y académicas requeridas; además, recibió evaluaciones psicológicas desfavorables. Tres días antes de esa exclusión, el mayor Vargas Garnica, ayudante de Zapateiro, solicitó el número de radicado de las carpetas relacionadas. Zambrano, por su parte, también habría sido blanco de estos comportamientos durante el tiempo en que Zapateiro ocupaba cargos de alto poder en el Ejército Nacional.
Cuestionamientos al abuso de poder en las Fuerzas Militares
La audiencia ha reavivado debates sobre el abuso de poder en las Fuerzas Militares de Colombia, especialmente en un entorno donde figuras como Zapateiro ostentaban autoridad absoluta. La decisión de la Fiscalía de identificar públicamente a las denunciantes ha generado controversia, al tiempo que los mensajes de WhatsApp analizados forman la base probatoria de la imputación. Este caso pone en el centro la necesidad de mecanismos más robustos para prevenir y sancionar conductas que vulneran la dignidad en instituciones castrenses.
La declaración de inocencia de Zapateiro marca el inicio de un proceso judicial que podría extenderse, mientras las víctimas buscan justicia en un sistema que, hasta ahora, ha expuesto abiertamente sus identidades en la lucha contra estos presuntos abusos.
