Altos mandos de la Policía y las Fuerzas Militares han denunciado que la senadora del Pacto Histórico, Isabel Cristina Zuleta, junto con su entorno cercano, incluyendo a su asesor Johan Edisson Giraldo y su hermana Lina Zuleta, interfirieron en operativos contra estructuras criminales en Antioquia. Estas intervenciones se materializaron mediante llamadas telefónicas a oficiales, visitas a batallones y reclamos en reuniones oficiales, con el objetivo de frenar combates, investigaciones y acciones contra el narcotráfico, la minería ilegal, el Clan del Golfo, las disidencias de las Farc y el ELN. Los incidentes se registraron en municipios como Ituango, Briceño, Amalfi, así como en Medellín, el Valle de Aburrá, el nordeste y el Bajo Cauca antioqueño, específicamente el 17 de julio de 2023 en Ituango, el 29 de junio de 2023 en Briceño y durante el primer semestre de 2024.
Ocho generales, de los cuales cinco están en servicio activo y tres en retiro, han dado testimonio sobre estas presiones, que se atribuyen a la influencia de la senadora sobre el presidente Gustavo Petro y el exministro Iván Velásquez, además de su rol en la defensa de mineros y su coordinación en las negociaciones de paz desde la cárcel La Paz de Itagüí. En el caso de Ituango, el operativo del 17 de julio dejó un saldo de dos soldados muertos, la neutralización de un cabecilla de las disidencias y tres adolescentes armadas puestas a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Estos hechos han sido reportados al Ministerio de Defensa, la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía, generando profunda preocupación por la interferencia en la labor de la fuerza pública, especialmente ante la ausencia de un cese de hostilidades formal con los grupos armados ilegales.
Presiones que doblegaron operativos militares
Los testimonios recogidos por la revista Semana revelan cómo estas intervenciones afectaron directamente las operaciones. La senadora Zuleta también ha criticado públicamente los operativos liderados por el general Rosemberg Noboa, subdirector de la Policía, y el brigadier William Castaño, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, cuestionando acciones contra la Oficina de Envigado y la minería ilegal. Alertas enviadas a la cúpula militar subrayan la necesidad de un acompañamiento institucional para evitar tales presiones.
«Es feo decirlo, pero estábamos doblegados porque está en juego la carrera de uno, mi cabeza puede rodar»
Comandante que operó en Antioquia, anónimo
«la intención de ella era parar el combate»
Cinco de los presentes en las reuniones
El general en retiro Guillermo León León, presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares, enfatizó la importancia de la legalidad en las operaciones: “Si no hay con ellos un acuerdo formal (cese al fuego), pues quiere decir que la fuerza pública no tiene ninguna restricción para operar y continuar operaciones ofensivas en contra de grupos al margen de la ley”. Este escándalo pone en entredicho la separación de poderes y la autonomía de las Fuerzas Armadas en un contexto de creciente violencia en Antioquia, donde las autoridades insisten en que solo acuerdos formales pueden limitar sus acciones contra el crimen organizado.
