Generales de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional de Colombia, investigados judicialmente por diversos casos, continúan en servicio activo con sueldos superiores a los 24 millones de pesos mensuales, primas adicionales y esquemas de seguridad completos, incluso mientras cumplen comisiones en el exterior. Entre ellos destacan Helder Giraldo, excomandante de las Fuerzas Militares y actual agregado militar en Brasil; Luis Mauricio Ospina, excomandante del Ejército comisionado en España desde agosto de 2024; Emilio Cardozo, excomandante del Ejército y agregado en Estados Unidos; y Federico Mejía, comandante de Educación y Doctrina del Ejército. Estos oficiales mantienen sus cargos bajo la figura de «comisión en el exterior» regulada por el Ministerio de Defensa, que permite su permanencia en actividad pese a las indagaciones en su contra.
Las remuneraciones de estos altos mandos son exorbitantes: un salario base que supera los 24 millones de pesos al mes, más una asignación de 10.000 dólares mensuales y una prima semestral de 34 millones de pesos conocida como «prima de alta dirección» o «prima de silencio», según la Resolución 002138 del Ministerio de Defensa. En el caso de Helder Giraldo, por ejemplo, la suma anual supera los 700 millones de pesos. Al regresar de estas misiones, cuentan con esquemas de seguridad que incluyen camioneta blindada y escolta motorizada permanente, todo financiado por el Estado.
Investigaciones que no interrumpen sus carreras
Helder Giraldo y Luis Mauricio Ospina se encuentran bajo observación judicial, con Ospina vinculado específicamente al mal uso de inteligencia militar. Emilio Cardozo ha sido señalado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por presuntos crímenes y violaciones a los derechos humanos ocurridos en el Batallón de Ingenieros N°5. Por su parte, Federico Mejía es indagado por la Fiscalía ante la Corte Suprema de Justicia por presuntos lazos con grupos armados en Cauca y concierto para delinquir. Estas revelaciones provienen de documentos oficiales del Ministerio de Defensa, que evidencian cómo la regulación vigente permite que estos generales sigan percibiendo sus elevados emolumentos y beneficios sin interrupciones durante los procesos judiciales.
La situación genera cuestionamientos sobre la gestión de recursos públicos y la accountability en las Fuerzas Armadas, en un contexto donde las investigaciones por irregularidades graves no parecen afectar el estatus privilegiado de estos oficiales. Fuentes del Ministerio de Defensa confirman que estas comisiones en Brasil, España y Estados Unidos se ajustan a las normas internas, perpetuando un esquema que combina servicio diplomático con remuneraciones millonarias en medio de sombras judiciales.
