Leonardo Villar, gerente del Banco de la República, advirtió durante el Congreso de Tesorería de Asobancaria en Cartagena, Bolívar, que la gestión económica del Gobierno Petro podría llevar a un disparo en las tasas de interés en 2026, debido a que el ajuste actual en la tasa de política monetaria podría resultar insuficiente para frenar las presiones inflacionarias si las expectativas no se corrigen a la baja, lo que requeriría incrementos adicionales en las tasas.
El directivo explicó que factores como la flexibilización fiscal, la suspensión de la regla fiscal y el aumento del déficit primario han impulsado la demanda agregada de manera significativa. Entre 2023 y 2025, esta demanda recibió un enorme e inesperado impulso fiscal del orden de tres puntos porcentuales del PIB, lo que ha elevado el gasto público, presionado los precios internos y limitado los recortes en las tasas de interés.
Impacto de las políticas salariales y fiscales
Entre las medidas que agravan la situación destaca el aumento programado del salario mínimo para 2026 en un 23%, que elevaría su valor en dólares por encima del 38%, especialmente en un contexto de apreciación del peso frente al dólar. Esto genera efectos negativos en la competitividad exportadora, incrementa los costos internos y encarece el financiamiento público, con alzas significativas esperadas en las tasas de los TES durante 2025.
«Entre 2023 y 2025 la demanda agregada recibió un enorme e inesperado impulso fiscal del orden de tres puntos porcentuales del PIB».
Leonardo Villar, gerente del Banco de la República
Estas dinámicas también afectan los mercados financieros, donde las expectativas de inflación y tasas más altas generan volatilidad. Villar subrayó la necesidad de corregir estas expectativas para evitar que las presiones inflacionarias persistan y obliguen a medidas más estrictas en el futuro.
«alzas significativas en las tasas de los TES durante 2025».
Leonardo Villar, gerente del Banco de la República
La advertencia del gerente del emisor resalta los desafíos para la estabilidad macroeconómica en un entorno de mayor gasto público y presiones sobre los precios, lo que podría complicar la senda de desinflación y el financiamiento del sector público en los próximos años.
