La Gobernación de Antioquia, a través de la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz, negó la solicitud de cupo para que Miguel Andrés Quintero Calle, hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, ingresara a la Cárcel Departamental Yarumito. La determinación fue comunicada oficialmente el pasado 6 de noviembre de 2026, mediante un documento suscrito por el secretario de Seguridad, Justicia y Paz, brigadier general en retiro Luis Eduardo Martínez Guzmán.
La petición había sido presentada por el abogado defensor de Quintero Calle, Felipe Alzate Gómez, quien buscaba que su representado fuera recluido en ese establecimiento penitenciario de carácter departamental. Sin embargo, la Secretaría consideró que el solicitante no acreditó la condición de servidor público, un requisito indispensable según el reglamento interno del centro de reclusión, que está catalogado como un establecimiento para varones y anexo de mujeres (E.R.E.).
El requisito de servidor público, clave en la negativa
En su respuesta, la administración departamental fue enfática al señalar que el parentesco con el exmandatario de Medellín no constituye un criterio válido para acceder al cupo. La Gobernación explicó que el vínculo familiar con Daniel Quintero no puede reemplazar el requisito reglamentario que exige demostrar la condición de servidor público para ser admitido en la Cárcel Departamental Yarumito. De esta forma, se descartó cualquier posibilidad de que la solicitud prosperara basándose en la relación con el exalcalde, quien fue figura central en la política antioqueña en los últimos años.
Un centro de reclusión con criterios específicos
La Cárcel Departamental Yarumito, ubicada en territorio antioqueño, opera bajo un reglamento interno que establece condiciones particulares para el ingreso de internos. Según lo expresado en la comunicación oficial de la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz, uno de esos requisitos es precisamente la acreditación de la condición de servidor público, aspecto que Miguel Andrés Quintero Calle no logró demostrar ante las autoridades. La decisión, suscrita por el secretario Luis Eduardo Martínez Guzmán, refuerza el principio de legalidad y el cumplimiento estricto de las normas que rigen el sistema penitenciario departamental, sin dar cabida a excepciones basadas en vínculos familiares o personales.
