La Gobernación de Cundinamarca ordenó el cierre definitivo y la cancelación de la licencia de funcionamiento del Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe, tras concluir un proceso administrativo sancionatorio derivado de la muerte de la menor Valeria Afanador, quien desapareció del plantel y fue hallada sin vida el 29 de agosto de 2025 en el río Frío, en inmediaciones del colegio. La decisión, que se hará efectiva una vez concluya el calendario académico del año lectivo 2026, atribuye al establecimiento educativo graves fallas en el deber de cuidado y protección de sus estudiantes, así como deficiencias en los protocolos de reacción ante desapariciones y en los mecanismos de vigilancia.
Según el acto administrativo emitido por la administración departamental, la institución no contaba con una ruta institucional concreta para atender la desaparición de un alumno, y las actuaciones desplegadas tras la desaparición de Valeria fueron improvisadas y desarticuladas. El documento señala además que los mecanismos de vigilancia no lograron detectar la salida de la menor del aula ni su ausencia de manera oportuna. Por esta razón, la autoridad advirtió que no se acogen los argumentos de descargos presentados por el colegio, según los cuales la existencia de un cronograma de vigilancia, personal de seguridad privada y asignación de zonas de supervisión sería suficiente para tener por satisfecho el deber de cuidado.
Una respuesta tardía y sin liderazgo claro
La Gobernación de Cundinamarca determinó que la menor salió de su aula antes del descanso sin ningún control, permaneció sola en zonas recreativas sin que ningún docente de vigilancia advirtiera su presencia, y su ausencia no fue detectada ni reportada a tiempo. El acto administrativo también evidencia una «insuficiente estructuración institucional de mecanismos operativos de reacción inmediata», al tiempo que describe una búsqueda voluntaria, sin un responsable definido y sin verificación inmediata de los registros de video, lo que califica la respuesta como tardía.
«Los docentes coinciden en que se desplazaron a un punto de encuentro, realizaron llamado a lista de su grupo de estudiantes y voluntariamente algunos docentes y directivos iniciaron la búsqueda sin tener claro quién liderará el proceso»
Acto administrativo de la Gobernación de Cundinamarca
En la misma línea, la autoridad sancionatoria fue enfática al señalar que no resulta suficiente acreditar la existencia de herramientas humanas o tecnológicas que apunten al deber de custodia y vigilancia, sino que lo relevante es que tales mecanismos funcionen y logren el resultado para el cual fueron concebidos. El riesgo asociado al río Frío, además, estaba valorado únicamente por posibles inundaciones en áreas recreativas, pero no por afectación a miembros de la comunidad educativa, lo que evidencia otra falencia en la valoración de riesgos del entorno escolar.
Plan de reubicación y repercusiones judiciales
El cierre del Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe no será inmediato. La rectora del colegio, Sonia Ochoa Daza, deberá presentar antes del 31 de octubre de 2026 un plan de reubicación de estudiantes, y el cese de actividades se hará efectivo al finalizar el calendario académico del año lectivo 2026. De manera paralela, la Gobernación compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación para que evalúe los hechos según sus competencias, luego de lo cual el ente acusador imputó cargos por homicidio culposo a Emely Fuentes y Danny Javier Ochoa Prada, aunque excluyó de esa decisión a la rectora, un hecho que ha generado malestar en la familia de la menor.
«La familia expresa su inconformidad porque la rectora fue excluida de esta decisión, pese a que consideramos que también debe responder por estos hechos»
Julián Quintana, abogado de la familia Afanador
Con esta determinación, la administración departamental envía un mensaje contundente sobre la responsabilidad que tienen las instituciones educativas en la protección de los menores bajo su custodia, al tiempo que deja en evidencia que la existencia formal de protocolos no es suficiente si estos no se ejecutan de manera efectiva. La comunidad educativa y la familia de Valeria Afanador, que desde el pasado 29 de agosto exigen justicia, esperan ahora que la investigación penal determine todas las responsabilidades individuales que puedan existir en este lamentable suceso.
