La Gobernación de Cundinamarca, a través de su Dirección de Buen Gobierno Educativo, Secretaría de Educación y Secretaría Jurídica Departamental, emitió un pliego de cargos contra el Gimnasio Campestre Los Laureles por la muerte de la estudiante Valeria Afanador, ocurrido en agosto de 2025 en Cajicá. Este auto, fechado el 5 de noviembre de 2025 y notificado al día siguiente, inicia un proceso sancionador basado en la Ley 115 de 1994, el Decreto 1075 de 2015 y el Decreto 242 de 2022. Paralelamente, la Corporación Autónoma Regional (CAR), dirigida por Alfred Ignacio Ballesteros, notificó el 23 de enero una medida provisional que restringe el uso de una franja de 50 metros adyacentes al cauce del río Frío en el predio del colegio, detectando intervenciones no autorizadas en 650 metros cuadrados que incluyen una granja, huerta, cancha de minigolf, voleibol y parqueaderos.
El proceso administrativo se abrió el 29 de agosto de 2025, un día después del hallazgo del cuerpo de Valeria Afanador en el sector del río Frío, tras su desaparición al salir del colegio. Inspecciones realizadas los 14 y 15 de agosto confirmaron las alteraciones en la zona de protección ambiental, regulada por la Resolución CAR 2358 de 2014. La etapa probatoria, que incluye pruebas documentales, testimoniales y de videovigilancia, finalizará el 23 de febrero de 2026, con una decisión esperada en marzo de ese año, conforme a la Ley 1437 de 2011.
Respuesta del colegio y posibles sanciones
El Gimnasio Campestre Los Laureles presentó descargos tras la notificación, afirmando haber implementado las acciones técnicas solicitadas por la CAR y que la zona restringida no se utiliza actualmente. Sin embargo, se evidencia la ausencia de un permiso específico para el cerramiento en el área de protección, pese a contar con licencia urbanística para otras intervenciones. Esta coordinación interinstitucional busca establecer responsabilidades en el trágico suceso y podría derivar en sanciones económicas o administrativas, así como acciones judiciales, aunque la medida de la CAR no afecta el funcionamiento educativo del establecimiento.
El caso de Valeria Afanador ha generado profunda conmoción en Cundinamarca, resaltando la importancia de cumplir con las normas ambientales y de seguridad en instituciones educativas cercanas a ríos y zonas protegidas, mientras las autoridades avanzan en la investigación para esclarecer los hechos y prevenir futuros incidentes.
