El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, alertó sobre sobrecostos superiores a los 700.000 millones de pesos que generará para su departamento el Decreto 1474 de 2025, emitido por el Gobierno nacional del presidente Gustavo Petro en estado de emergencia económica y oficializado el 31 de diciembre, con medidas que entrarán en vigencia a finales de este año. En paralelo, la presidenta del Consejo Gremial, Natalia Gutiérrez, solicitó a la Corte Constitucional la suspensión provisional de esta norma, criticada por aumentar gastos públicos y transferir recursos de la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA) directamente al Gobierno nacional, en una entrevista concedida a Caracol Radio y mediante una carta dirigida al alto tribunal.
El decreto impone nuevos impuestos sobre el salario mínimo, licores, cigarrillos, juegos de suerte y azar en línea, patrimonio y el sector minero-energético, lo que Rendón calificó como un “decretazo” diseñado para “cuadrar la caja del Gobierno Nacional a costa de las regiones más vulnerables”. Estas medidas afectan particularmente las finanzas departamentales, ya que la FLA dejará de girar los impuestos por hipoconsumo a la Gobernación de Antioquia u otros departamentos donde comercializa sus productos, redirigiéndolos al erario nacional. Los sobrecostos representan casi cinco veces la inflación registrada en el periodo, generando presión fiscal en un contexto de preocupación compartida por gobernaciones y gremios empresariales, que ven en ello un desincentivo a la inversión.
Sobrecostos que multiplican la inflación
Para Antioquia, el impacto financiero supera ampliamente los 700.000 millones de pesos, equivalentes a un golpe casi cinco veces mayor que el de la inflación acumulada, derivado de los incrementos impositivos y la retención de recursos de la FLA. Sectores como bares (representados por Asobares), minería y petróleo resultan especialmente golpeados, con impuestos que reviven disposiciones previamente cuestionadas por la Corte Constitucional, como el tratamiento de regalías mineras como costos deducibles.
“Este año, solo la Fábrica de Licores, en vez de girarle el hipoconsumo a la Gobernación de Antioquia o a otros departamentos donde vende licor, tiene que girarle al Gobierno Nacional”
Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia
Empresarios defienden la estabilidad jurídica
Natalia Gutiérrez enfatizó la importancia de proteger la estabilidad jurídica para los empresarios del país, argumentando que esta salvaguarda el empleo, la inversión y el crecimiento económico. El Consejo Gremial, en su misiva a la Corte, cuestiona específicamente las medidas sobre el sector minero-energético, recordando que el alto tribunal ya había declarado improcedente tratar las regalías como un costo, una práctica que el decreto retoma.
“Para los empresarios del país, la estabilidad jurídica es uno de los activos más importantes y que debemos proteger, porque a su vez protegen el empleo, protegen la inversión y protegen el crecimiento”
Natalia Gutiérrez, presidenta del Consejo Gremial
La controversia alrededor del Decreto 1474 pone de manifiesto las tensiones entre el Gobierno nacional y las regiones ante la emergencia económica, con Antioquia a la vanguardia de las críticas por sus efectos en entidades clave como la FLA y los sectores productivos. Fuentes como Caracol Radio y el propio Consejo Gremial subrayan la urgencia de una revisión judicial para mitigar lo que perciben como un traslado injusto de cargas fiscales a departamentos y empresas.
