El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, ha mantenido una serie de intensos enfrentamientos con el presidente Gustavo Petro desde su posesión el 1 de enero de 2024, tras obtener cerca de un millón de votos en las elecciones de octubre de 2023. Estos choques, centrados en temas como el financiamiento regional, las políticas de seguridad, la paz total y la autonomía fiscal, han escalado hasta culminar en enero de 2026 con una declarada desobediencia civil por parte de Rendón y otros 17 gobernadores contra los decretos de emergencia económica emitidos por el Gobierno nacional en diciembre de 2025, tras el hundimiento de la ley de financiamiento.
Los desacuerdos comenzaron temprano en la gestión de Rendón, con anuncios públicos, campañas de recaudación y declaraciones institucionales que marcaron la pauta de la confrontación. Uno de los primeros episodios fue la iniciativa ‘Vaca por las vías 4G’, lanzada entre marzo y diciembre de 2024 para financiar el Túnel del Toyo, que recaudó 6.000 millones de pesos, equivalentes al 0,6% del billón objetivo. El presidente Petro solicitó su suspensión alegando riesgos relacionados con el narcotráfico, lo que generó la primera fricción pública en Antioquia.
Escalada en materia de seguridad
En el ámbito de la seguridad, las tensiones se agudizaron con eventos como la captura en julio de 2024 de alias Calarcá, Firu y Erika Castro, miembros de disidencias, durante una caravana de la Unidad Nacional de Protección entre Medellín y Anorí. Estas detenciones resaltaron las disputas sobre estrategias de protección y control territorial, en medio de la política de ‘paz total’ impulsada por el Gobierno central.
Disputa por la Universidad de Antioquia
Más recientemente, en 2026, surgió un nuevo conflicto por el déficit operativo de la Universidad de Antioquia, lo que llevó al Ministerio de Educación a reemplazar al rector en enero de ese año, avivando las críticas de Rendón hacia las intervenciones del Ejecutivo en asuntos regionales educativos y presupuestales.
“las vías 4G no son para los ricos, sino para mejorar la conectividad en todo el país”
Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia
Desobediencia civil y respuestas institucionales
El punto álgido llegó con la emergencia económica decretada en diciembre de 2025, vista por Rendón como una amenaza a la autonomía fiscal de las regiones. Invocando el artículo 4 de la Constitución, él y 17 gobernadores más optaron por la desobediencia civil, convocando audiencias ante la Corte Constitucional, mientras el Gobierno nacional amenaza con acciones legales. Rendón justificó la medida argumentando que ofrece una defensa inmediata frente a actos que desbordan los cauces constitucionales.
“Para Antioquia esto es una amenaza a la autonomía fiscal de las regiones y por eso la Constitución nos da una herramienta de defensa inmediata frente a actos que desbordan los cauces constitucionales”
Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia
“¡Un exabrupto jurídico ese anuncio! De cómo materialicen en cada gobernación con los actos administrativos concretos la decisión que anuncian, se desprenderán las acciones jurídicas del gobierno»
Andrés Idárraga, ministro encargado de Justicia
Estos episodios, reportados por medios como Infobae, El Colombiano, Semana y verificados con fuentes oficiales de la Gobernación de Antioquia, Policía Nacional, Fiscalía y el Ministerio de Educación, ilustran una profunda brecha entre el Ejecutivo central y las regiones, particularmente Antioquia, en un contexto de tensiones por recursos y competencias que podrían extenderse con las deliberaciones judiciales pendientes.
