El gobernador de Caldas, Henry Gutiérrez Ángel, se sumó al llamado conjunto de mandatarios departamentales del país para solicitar al Gobierno Nacional reevaluar los incrementos fiscales aplicados a los licores, determinados por el Decreto de Emergencia Económica expedido en diciembre pasado.
El Decreto 1474 establece un aumento del IVA para bebidas alcohólicas, como aguardiente y ron, de 5% a 19% para la vigencia 2026. Asimismo, otros apartados incrementan la tarifa del componente específico del impuesto al consumo y el componente ad valorem.
Se estima que, con estos ajustes, una botella de 750 ml de Aguardiente Amarillo de Manzanares podría venderse en 2026 con un precio sugerido de 71.112 pesos frente a 49.705 en 2025, lo que representa un incremento de 21.407 pesos, equivalente a un 43%.
Asimismo, una botella de 750 ml de Ron Viejo de Caldas tradicional podría subir 30.059 pesos, pasando de un precio sugerido de 54.545 en 2025 a 84.604 en 2026.
“no es una rebelión contra el Gobierno, sino una defensa de las rentas departamentales”
“No es un desacato, es simplemente poner sobre la mesa y explicar públicamente a la gente que no estamos de acuerdo y por qué. Con este aumento exagerado del IVA los costos de los licores aumentarían notoriamente. Ese sobrecosto lo que va a favorecer es el mercado ilegal, el contrabando y la adulteración; permitiría que grandes empresas criminales vean en esto un nuevo factor de ingresos. Los mejores sitios para vender nuestro aguardiente serán los países de las fronteras y de ahí los licores entrarían de contrabando a Colombia, sin pagar impoconsumo y eso va totalmente en detrimento de las rentas departamentales”
Frente a este panorama los Gobernadores, en conjunto, han definido varias acciones:
- Reunión con el Ministro de Hacienda prevista para el próximo lunes a las 8:00 a.m.
- Explorar la posibilidad de dialogar con el presidente Gustavo Petro para analizar la situación.
- Se interpondrá una acción de tutela por la vulneración de las rentas departamentales.
- Se designará una comisión para presentar la situación ante la Corte Constitucional, la autoridad que finalmente determina la legalidad de la medida.
- Se estudia la posible aplicación de una excepción de constitucionalidad, dado que las rentas por consumo de licores son de competencia departamental y el decreto trasladaría una parte al erario nacional.
El mandatario caldense recordó que los recursos de las licoreras transferidos a los departamentos tienen destinación específica para salud, educación y deporte. Por ello, es fundamental que permanezcan en los territorios y se inviertan en el bienestar social de la población.
