El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, anunció que alertará al Gobierno de Estados Unidos sobre la suspensión de 23 órdenes de captura contra jefes criminales vinculados a la denominada ‘paz urbana’, una medida impulsada por la Fiscalía General de la Nación que calificó de extremadamente peligrosa para la seguridad regional. Esta decisión permite a los beneficiarios actuar como voceros en mesas de diálogo sociojurídico instaladas en la cárcel de Itagüí, con una vigencia inicial de seis meses prorrogables, y Rendón planea presentar una acción de nulidad ante el Consejo de Estado el próximo Lunes de Pascua junto a diez alcaldes, abarcando el Valle de Aburrá, Medellín y Rionegro.
La Fiscalía justificó la suspensión basándose en la Ley 2272 de 2022, la sentencia C-525 de 2023 de la Corte Constitucional y el Decreto 1081 de 2015, con el objetivo de avanzar en la desarticulación de estructuras criminales y la transformación de economías ilícitas que cubren el 70% del conglomerado urbano del departamento. Sin embargo, la medida no concede libertad a los privados de ella ni excluye la captura en flagrancia por delitos graves como secuestro, extorsión, violaciones a los derechos humanos o infracciones al Derecho Internacional Humanitario, y sus efectos se limitan a esas zonas específicas.
Polémica y rechazo frontal del gobernador
La controversia ha escalado con el fuerte rechazo del gobernador Rendón, concejales de Medellín y el alcalde Federico Gutiérrez, quienes ven en esta contemporización un riesgo para el proceso electoral en Antioquia y la seguridad de figuras políticas, en alusión al reciente magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay. Rendón ha enfatizado que estos 23 criminales son responsables de años de violencia en el Valle de Aburrá, incluyendo homicidios, torturas, desplazamientos, extorsiones y secuestros, y cuestiona la necesidad de negociar con individuos ya condenados por la institucionalidad completa.
«Estos 23 criminales son los principales perpetradores de toda suerte de violencia, de homicidios, de torturas, de desplazamientos, de extorsiones, de secuestros que aquejaron durante lustros al Valle de Aburrá».
Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia
El mandatario también ha revelado que ya informó al Gobierno estadounidense sobre los prontuarios delictivos de estos individuos y planea ampliar esa comunicación en los próximos días. Mientras tanto, concejales de Medellín han presentado una acción de nulidad previa, y varios alcaldes municipales respaldan la posición de Rendón desde Río Negro, sumándose a la ofensiva legal contra lo que perciben como un afán por arrodillar las instituciones ante el crimen.
«¿Quién nos devuelve a Miguel por cuenta de esta contemporización que ha hecho permanente Petro con el crimen?»
Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia
«¿Cuál es el afán de contemporizar con el crimen, de querer arrodillar a todas las instituciones, a distintas estructuras? ¿Qué tiene que hacer un Gobierno nacional negociando con 23 criminales, la mayoría de ellos ya condenados, vencidos en juicio por toda la institucionalidad en su conjunto, no solo por uniformados, sino por jueces y fiscales?»
Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia
Por su parte, la Fiscalía aclaró que la medida busca dialogar para desmantelar redes criminales sin comprometer la persecución de delitos graves. No obstante, el debate nacional se intensifica ante las implicaciones para la seguridad en una de las zonas más críticas del país.
«La medida no excluye la captura en flagrancia respecto de delitos graves, como secuestro, extorsión, violaciones a los derechos humanos o infracciones al Derecho Internacional Humanitario; y tendrá efectos en Medellín, los municipios del Valle de Aburrá y Rionegro (Antioquia)».
Fiscalía General de la Nación
«Nosotros le hemos hecho conocer las particularidades del prontuario delictivo de todos estos bandidos al Gobierno americano. Lo vamos a ampliar en los días que están por venir», concluyó Rendón, subrayando la gravedad de la situación.
