La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, declaró en rueda de prensa una emergencia humanitaria en salud para el departamento, argumentando una crisis generalizada en la prestación de servicios, falta de medicamentos y demoras en tratamientos que ponen en riesgo la vida de los pacientes. La medida, presentada como un llamado de atención urgente al Gobierno nacional, fue inmediatamente rechazada por el Ministerio de Salud, que en un comunicado oficial afirmó que las declaraciones de la mandataria regional no se corresponden con la evidencia oficial disponible y desconocen las inversiones y capacidades actuales del territorio.
La gobernadora Toro atribuyó la situación a un abandono institucional y señaló que miles de familias vallecaucanas enfrentan barreras para acceder a servicios, tratamientos interrumpidos y demoras que están afectando directamente su salud. Por su parte, el Ministerio de Salud, bajo el gobierno de Gustavo Petro, respondió que los problemas del sistema sanitario en el departamento derivan de fallas estructurales del modelo instaurado por la Ley 100 de 1993 y no de una falta de recursos, y llamó a que cualquier análisis se sustente en evidencia técnica y verificable.
Las cifras que dividen las versiones
Uno de los puntos centrales de la controversia es el número de servicios cerrados en el departamento. Mientras la gobernadora habló de un cierre masivo, el Ministerio presentó datos del Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (Reps) con corte al 6 de junio: se registraron 1.199 cierres frente a 1.086 aperturas, lo que arroja una variación neta de 113 servicios, equivalente apenas al 1,56 % de la oferta habilitada. De los cierres, aproximadamente el 75 % corresponden a consulta externa y no a áreas críticas como internación, cirugía o atención inmediata. Específicamente, se reportaron 25 cierres de servicios de internación, 30 quirúrgicos y 17 de atención inmediata, un movimiento que el ministerio calificó como propio de la dinámica del sistema y no como evidencia de un colapso estructural.
«No es cierto que en el Valle del Cauca se hayan cerrado 2.000 servicios. Los registros oficiales del Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (Reps), con corte al 6 de junio, evidencian una variación neta de 113 servicios calculada a partir de la apertura de 1.086 servicios y el cierre de 1.199 servicios, esta variación es equivalente al 1,56% de la oferta habilitada del departamento»
Ministerio de Salud, comunicado oficial
En cuanto a la disponibilidad de camas, las cifras oficiales indican que el departamento cuenta con 795 camas de UCI adulto, de las cuales 176 están disponibles; 330 camas de cuidado intermedio, con 98 disponibles; y 4.484 camas de hospitalización general, con 1.210 disponibles. El Ministerio también destacó que durante 2025 el Valle del Cauca ha recibido cerca de 10 billones de pesos por concepto de Unidad de Pago por Capitación (UPC), y que las inversiones históricas acumuladas en el sistema superan los 1,249 billones de pesos.
«Presentar esta dinámica como una desaparición masiva de la capacidad instalada o como evidencia de un colapso estructural de la red no corresponde a la realidad»
Ministerio de Salud, comunicado oficial
Posturas irreconciliables y acciones sobre la marcha
Pese a la respuesta del Gobierno nacional, la gobernadora Dilian Francisca Toro aseguró que mantendrá la declaratoria de emergencia humanitaria. Según informó la Gobernación del Valle del Cauca, tras la intervención de la Superintendencia Nacional de Salud, las EPS y los dispensarios de medicamentos han comenzado a entregar medicamentos a domicilio, una medida que la mandataria calificó como importante pero insuficiente. «Recibimos con mucha esperanza y satisfacción que las EPS y los dispensarios de medicamentos, a instancia de la Superintendencia Nacional de Salud, están entregando los medicamentos domiciliariamente, y eso es una respuesta muy importante. Sin embargo, no es suficiente y por eso mantendremos la emergencia humanitaria, porque la salud de los vallecaucanos requiere soluciones integrales y urgentes», afirmó Toro.
La controversia entre el departamento y la Nación pone de manifiesto las tensiones políticas y técnicas en torno a la gestión de la salud en Colombia. Mientras la gobernadora insiste en que existe una deuda de seis billones de pesos y una crisis real que viven a diario los pacientes, el Ministerio reiteró la necesidad de «responsabilidad institucional» y llamó a que las discusiones se basen en datos verificables. La emergencia humanitaria declarada por el Valle del Cauca sigue en pie, a la espera de una respuesta del Gobierno nacional que vaya más allá de los comunicados.
