El Gobierno colombiano, a través de la viceministra de Vivienda, Aydeé Marsiglia Bello, aclaró en una entrevista concedida a Blu Radio que las cuotas de administración en conjuntos residenciales no están indexadas al salario mínimo y, por ende, no subirán automáticamente con el incremento del 23,7 por ciento decretado para 2025. Esta precisión busca disipar temores sobre un impacto desproporcionado en los precios de la vivienda de interés social (VIS), ya que los ajustes en dichas cuotas dependen exclusivamente de los costos reales del edificio o conjunto, como salarios del personal, servicios públicos, insumos, mantenimiento y otros gastos operativos, y son decididos por las asambleas de copropietarios.
La viceministra enfatizó que el salario mínimo representa solo uno de múltiples factores en los costos de construcción y administración, donde la mano de obra equivale aproximadamente al 20 por ciento del total. Según indicadores oficiales, el aumento promedio en los costos de construcción se sitúa alrededor del 9,5 por ciento, muy por debajo del 23,7 por ciento del salario mínimo, lo que evita traslados injustificados a los precios finales. Ejemplos ilustrativos incluyen un edificio de 20 apartamentos frente a un conjunto de 800 viviendas, donde la forma de repartir los gastos varía significativamente e incide en el valor de la cuota individual.
Cuotas decididas por asambleas según presupuestos reales
Las cuotas de administración se determinan en las asambleas de copropietarios con base en presupuestos reales, sin obligación legal de alinearlas al porcentaje de incremento salarial. Marsiglia Bello subrayó que no existe tal vinculación automática, respondiendo a alertas generadas por el ajuste salarial que buscaba mejorar el poder adquisitivo de las familias colombianas sin excusas para elevar precios sin justificación.
«Las cuotas de administración dependen de los costos que tenga el edificio o conjunto: salarios del personal, servicios públicos, insumos, mantenimiento y otros gastos operativos. No existe una obligación de subirlas en el mismo porcentaje del salario mínimo.»
Aydeé Marsiglia Bello, viceministra de Vivienda
En el caso de los precios de vivienda VIS, la funcionaria reiteró que pactar valores de venta en función directa de salarios mínimos es ilegal, ya que la ley establece topes basados en estos solo para la definición de estratos, no para fijar precios comerciales, lo que ha generado abusos denunciados ante la Superintendencia de Industria y Comercio, entidad que investiga prácticas contrarias al Estatuto del Consumidor.
Impacto controlado en costos de construcción
«No es lo mismo un edificio de 20 apartamentos que un conjunto de 800. La forma de repartir los gastos cambia y eso incide en el valor final de la cuota.»
Aydeé Marsiglia Bello, viceministra de Vivienda
El resto de los costos en construcción corresponde a insumos, materiales, transporte y otros elementos, con un alza promedio del 9,5 por ciento que refleja la realidad del sector sin exageraciones. Esta aclaración gubernamental llega en un contexto de preocupación nacional por el encarecimiento de la propiedad horizontal y la vivienda VIS ante el significativo aumento salarial para 2025, reafirmando que el propósito es potenciar el bienestar familiar sin derivar en alzas injustificadas.
«El aumento del salario mínimo busca mejorar el poder adquisitivo de las familias, no convertirse en una excusa para elevar precios sin justificación.»
Aydeé Marsiglia Bello, viceministra de Vivienda
Los afectados por posibles abusos pueden acudir a la Superintendencia de Industria y Comercio para proteger sus derechos, mientras el Gobierno insiste en la transparencia y el apego a la norma en la gestión de copropiedades.
