La ministra de Transporte, Elsa Noguera, explicó ante el Senado que la terminación de la actual concesión depende del cumplimiento de la Tasa Interna de Retorno (TIR) establecida en el contrato y no de una fecha fija
Aseguró que si habrá tarifa diferencial en los peajes de Tarapacá, San Bernardo y Las Pavas, que serán incluidas comunidades que ignoró el decreto inicial y que el alivio no será para vehículos de alta gama ni a propietarios de fincas de recreo
Por SAMUEL SALAZAR NIETO
La incertidumbre sobre la fecha de terminación de Autopistas del Café, la participación de las comunidades en las decisiones sobre el futuro del corredor vial y las condiciones para acceder a la tarifa diferencial fueron los tres asuntos centrales de las palabras de la ministra de Transporte, Elsa Noguera, ante la Comisión Sexta del Senado de la República.
Durante su intervención, en la que presentó los lineamientos de la política del sector para el Gobierno de la ‘Patria Milagro’, la funcionaria explicó que la vigencia de la actual concesión está determinada por las condiciones financieras del contrato, defendió la continuidad del cobro de peajes como mecanismo para financiar la infraestructura vial y aseguró que el Gobierno está cerca de definir las condiciones para aplicar la tarifa diferencial en el Eje Cafetero.
Las declaraciones tienen especial relevancia para Caldas y los demás departamentos de la región, donde el futuro de la concesión, el costo de los peajes y el acceso a los descuentos tarifarios son asuntos de interés para residentes, transportadores, comerciantes y sectores productivos.
La terminación depende del contrato, no de una fecha fija
La ministra fue enfática al explicar que la fecha de terminación de Autopistas del Café no puede establecerse exclusivamente a partir de un anuncio administrativo o de una decisión unilateral.
“Ahora, con respecto a si la Autopista del Café llega hasta febrero o hasta septiembre o hasta noviembre, eso no depende ni siquiera del presidente de la ANI, sino del contrato. El contrato dice que cuando se cumpla la TIR, se acaba”, afirmó.
Noguera explicó que septiembre de 2027 es una fecha estimada, pero aclaró que el momento definitivo dependerá de la ejecución mensual y de los ingresos que reciba la concesión.
“Se estima que podría llegar hasta septiembre, pero todo dependerá de la ejecución mensual y los ingresos que reciban”, agregó.
La precisión pone el foco en la condición contractual que determina la terminación de la concesión: el cumplimiento de la Tasa Interna de Retorno (TIR).
En consecuencia, septiembre de 2027 debe entenderse como una proyección y no como una fecha definitiva e inamovible. Para establecer con mayor certeza cuándo terminará el contrato, será necesario conocer la evolución de sus resultados financieros y la información oficial de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).
La declaración también abre un interrogante para los usuarios del corredor: ¿qué mecanismos de información pública permitirán hacer seguimiento al cumplimiento de la TIR y conocer oportunamente cuándo se producirá la terminación de la concesión?
Futuras decisiones deberán concertarse con las comunidades
Otro de los mensajes relevantes de la ministra fue la necesidad de incorporar a las comunidades en las decisiones relacionadas con los proyectos viales y sus áreas de influencia.
Noguera reconoció que históricamente se construyeron autopistas sin atender suficientemente las necesidades de las poblaciones vecinas, situación que, según explicó, contribuyó a generar inconformidades.
“Qué ocurría en el pasado cuando empezó todo esto hace 30 años, 20 años: se construían las autopistas y nos olvidábamos de la gente que estaba alrededor. Y por eso empiezan las inconformidades”, manifestó.
La funcionaria defendió la necesidad de cambiar ese enfoque e incorporar las demandas de las comunidades en la planeación de la infraestructura.
“Hay que incluirlos dentro del proyecto. Si viene una autopista, todos tienen que mejorar, también las comunidades, incluir las obras menores que además se demoran para ejecutarse”, señaló.
La ministra insistió en que las nuevas decisiones deben concertarse y tener en cuenta las necesidades de las poblaciones que conviven con los corredores concesionados.
Este planteamiento adquiere relevancia ante la discusión sobre el futuro de Autopistas del Café y el modelo que podría adoptarse cuando termine el contrato vigente.
No obstante, la funcionaria no presentó un cronograma ni detalló un mecanismo específico de concertación para una eventual nueva concesión. Su declaración sí deja planteado el compromiso político de escuchar a las comunidades y considerar sus necesidades en las decisiones futuras.
Para Caldas y el Eje Cafetero, el desafío será que esa participación se traduzca en espacios efectivos de diálogo, reglas claras y compromisos verificables sobre las obras complementarias, la movilidad local y las necesidades de los habitantes de las zonas de influencia.
La tarifa diferencial no será para todos
La ministra también se refirió a la tarifa diferencial en los peajes del Eje Cafetero y aseguró que el Gobierno está cerca de terminar de ajustar las condiciones para aplicar las rebajas.
“La tarifa diferencial siempre va a aplicar. De hecho, ya estamos terminando de pulir las condiciones para poder hacer la rebaja de peajes en el Eje Cafetero. Pero tienen que cumplir con los requisitos”, afirmó.
La funcionaria advirtió que el beneficio debe llegar a las comunidades que realmente lo necesitan y que su diseño debe impedir que personas ajenas a la población objetivo se aprovechen de los descuentos.
“Lo que no puede pasar es que un vehículo de alta gama se aproveche de una tarifa diferencial de una comunidad”, sostuvo.
También cuestionó que las condiciones de acceso dejen por fuera a comunidades o veredas que deberían ser consideradas dentro de la medida.
“Tampoco puede pasar que queden comunidades por fuera como ocurrió en el decreto”, manifestó.
La posición de la ministra plantea dos exigencias para la aplicación de la tarifa diferencial: evitar que el beneficio sea utilizado por personas que no corresponden a la población objetivo y corregir posibles exclusiones de comunidades que necesitan el descuento.
Sin embargo, Noguera no detalló cuáles serán los requisitos definitivos, qué cambios se introducirán en la regulación vigente ni cuándo comenzarán a aplicarse las nuevas condiciones.
Vehículos de alta gama y fincas de recreo, bajo la lupa
Uno de los puntos más contundentes de la intervención fue la advertencia sobre el uso de recursos públicos o de los ingresos de la concesión para beneficiar a propietarios que, según el criterio expuesto por la ministra, no deberían recibir una tarifa diferencial.
Noguera cuestionó expresamente que el Estado termine financiando descuentos para familias que tienen una segunda vivienda destinada a recreación.
“El que tiene para pagar una segunda casa, tiene para pagar el peaje”, afirmó.
La funcionaria argumentó que los recursos que se dejan de recaudar por los descuentos deben ser compensados y que su costo no puede trasladarse de manera indiscriminada a otros usuarios o comprometer los recursos disponibles para financiar la infraestructura.
“Al final lo que dejamos de recaudar, alguien lo tiene que pagar”, explicó.
El planteamiento apunta a focalizar la tarifa diferencial en los usuarios que realmente necesitan el beneficio, en lugar de extenderlo sin distinción.
No obstante, será necesario conocer cómo se traducirá esta posición en requisitos verificables. La ministra no precisó si la exclusión de vehículos de alta gama o de propietarios de viviendas de recreo se aplicará mediante criterios de ingresos, características del vehículo, titularidad de inmuebles u otros mecanismos.
La definición de esas reglas será determinante para garantizar transparencia y evitar tanto el uso indebido del beneficio como la exclusión injustificada de comunidades que deberían recibirlo.
Los peajes seguirán siendo una fuente de financiación vial
Noguera reconoció que el pago de peajes representa una carga para muchos usuarios, pero defendió su papel en la construcción, el mantenimiento y la operación de la infraestructura vial.
“Los peajes son un dolor para todos, para el que tiene y para el que no tiene. Pero si no cobramos peajes, ¿cómo se ejecuta y se construye la infraestructura del país?”, expresó.
La ministra sostuvo que los contratos vigentes deben respetarse y advirtió sobre las consecuencias jurídicas de desconocer las obligaciones adquiridas.
“Si no lo hacemos contractualmente vienen las demandas de los derechos ya adquiridos”, señaló.
Al mismo tiempo, defendió la necesidad de que los nuevos proyectos incorporen a las comunidades y respondan a las necesidades de los territorios.
El mensaje del Gobierno combina así dos posiciones: mantener mecanismos de financiación que permitan sostener la infraestructura vial y avanzar hacia una mayor participación de las poblaciones afectadas por los proyectos.
Tres asuntos para el seguimiento regional
Las declaraciones de la ministra dejan planteados tres temas prioritarios para Caldas y el Eje Cafetero.
El primero es la fecha de terminación de la concesión. Septiembre de 2027 sigue siendo una estimación sujeta al cumplimiento de la TIR y al comportamiento de los ingresos del proyecto.
El segundo es la participación de las comunidades. El Gobierno plantea que las necesidades de las poblaciones vecinas deben incorporarse a las decisiones sobre la infraestructura, aunque todavía falta conocer cómo se organizaría una eventual concertación para el futuro del corredor.
El tercero es la tarifa diferencial. La ministra asegura que las condiciones están cerca de definirse, pero quedan por precisar los requisitos de acceso, la cobertura territorial, los mecanismos para evitar el uso indebido del beneficio y las garantías para que ninguna comunidad que cumpla las condiciones quede excluida.
Fuente: Ministerio de Transporte
