El gobierno del presidente Abelardo de la Espriella analiza la posibilidad de reactivar el Día sin IVA como parte de un paquete de medidas para estimular la actividad comercial en los departamentos más afectados por el reciente terremoto. La propuesta, que fue mencionada por el vicepresidente José Manuel Restrepo, busca replicar el esquema implementado durante la recuperación económica posterior a la pandemia de Covid-19, con exenciones temporales del impuesto al valor agregado sobre bienes seleccionados. Aunque aún no se han definido fechas ni el alcance geográfico de la medida, el Ejecutivo estudia esta alternativa para aliviar la carga de los comerciantes y dinamizar las ventas en las zonas golpeadas por el sismo.
El Día sin IVA fue incorporado en la legislación colombiana a través de la Ley 2155 de 2021, conocida como Ley de Inversión Social, y durante las jornadas previas permitió la exención del 19% de IVA en categorías como electrodomésticos, computadores, equipos de comunicaciones, prendas de vestir, juguetes, útiles escolares, equipos deportivos y bienes e insumos agropecuarios. Cada comprador podía adquirir hasta tres unidades del mismo producto por establecimiento, con un límite de precio basado en Unidades de Valor Tributario (UVT). En su versión original, las compras debían realizarse exclusivamente con medios de pago electrónicos, aunque posteriormente se habilitó el pago en efectivo siempre que se emitiera una factura válida.
Medida focalizada y condiciones por definir
De concretarse la reactivación, el gobierno deberá establecer los departamentos específicos que serán cobijados, los productos que entrarían en la exención y el mecanismo jurídico que permita aplicarla. Fuentes oficiales indican que la medida podría tener un carácter restringido a las regiones del desastre, aunque no se descarta una cobertura nacional. El límite de tres unidades por producto y establecimiento se mantendría como una barrera para evitar compras masivas con fines de reventa y garantizar que el beneficio llegue a los consumidores finales. Hasta el momento, no hay información oficial sobre fechas concretas ni sobre la base legal que se utilizaría, pero el Ejecutivo avanza en la evaluación de esta opción como parte de un conjunto de alternativas para la reactivación económica de las zonas afectadas por el terremoto.
