El gobierno del presidente Abelardo De la Espriella analiza en estos días una de las transformaciones más profundas del sistema penitenciario colombiano: la militarización del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), que pasaría a depender del Ministerio de Defensa en lugar de su actual estructura civil. La propuesta, que aún se mantiene bajo reserva oficial, contempla la adopción de protocolos militares y la restricción de derechos sindicales y políticos del personal, como mecanismo para depurar la entidad y fortalecer la disciplina interna, según fuentes enteradas del proceso consultadas por este medio.
El trasfondo de esta iniciativa responde a la creciente preocupación por la corrupción al interior del Inpec y la dificultad para aplicar sanciones disciplinarias a funcionarios que incurren en graves conductas. De acuerdo con las fuentes, los fueros sindicales han sido utilizados como escudo para evitar medidas correctivas urgentes, lo que ha llevado a la Fiscalía a investigar un presunto «cartel de los fueros sindicales», donde se ofrecía a funcionarios bajo indagación vincularse a sindicatos para eludir sanciones. La decisión, que podría materializarse mediante decreto presidencial o proyecto de ley en el Congreso, implicaría la pérdida de derechos laborales como la sindicalización y el voto para el personal penitenciario, priorizando la seguridad nacional sobre la gestión administrativa.
Amenazas y asesinatos agravan la crisis
El anuncio del análisis de la militarización se produce en un clima de máxima tensión para el gremio penitenciario. El reciente asesinato del inspector Efraín Quesada Urrego, ocurrido en Santander, y el ataque a otro trabajador en Bogotá, han encendido las alarmas. Además, un panfleto con amenazas circuló en la cárcel La Picota, mientras que la Unión de Trabajadores Penitenciarios denunció que el Centro Penitenciario y Carcelario de Palogordo, en Girón, no cuenta con las condiciones adecuadas para recibir a 20 presos de alto perfil que serían trasladados allí. La organización sindical ha solicitado protección urgente y cuestionó a la Dirección General del Inpec, a la Regional Oriente y a la dirección del Cpams Girón por no atender advertencias previas sobre los riesgos.
«Son los sindicatos los que impiden decisiones de carácter disciplinario en contra de los funcionarios que incurren en graves conductas. Se acogen a los fueros sindicales y eso complica adoptar las medidas correctivas en procura de suspender o sancionar hechos que atentan contra la transparencia».
Fuente enterada del proceso, en diálogo con revista Semana
«La Fiscalía adelantaba varias investigaciones. Incluso en lo que se conoció como un cartel de los fueros sindicales, le ofrecían a funcionarios que estaban siendo investigados vincularlos a los sindicatos y de esta manera evitar las sanciones disciplinarias de urgencia».
Fuente consultada por Semana
La militarización, tal como se analiza, implicaría un cambio de régimen que eliminaría la posibilidad de que los trabajadores del Inpec conformen sindicatos o ejerzan su derecho al voto, adoptando en su lugar una estructura de disciplina castrense. Mientras tanto, los líderes sindicales ya han manifestado su resistencia a la medida, advirtiendo que no resolverá los problemas de corrupción de fondo y que, por el contrario, podría agravar la crisis humanitaria en los centros de reclusión. La decisión final, que se espera en las próximas semanas, marcará un antes y un después en la historia del sistema penitenciario colombiano.
