El Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte anunciaron en una rueda de prensa, durante el periodo de investigación que se desarrolla en 2025, la posible anulación de más de 5,8 millones de fotomultas impuestas entre 2018 y 2024. La medida, revelada por la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, y el superintendente Alfredo Enrique Piñeres Olave, responde a presuntas irregularidades técnicas detectadas en 37 organismos de tránsito de todo el país, entre los que se cuentan ciudades como Cali, Medellín, Bogotá, Barranquilla, Bello, Itagüí, Sabaneta, Villavicencio, Montería, Palmira, Popayán, Santa Marta, Soledad, Zipaquirá y Santander de Quilichao.
La investigación, que revisó un total de 7,6 millones de comparendos, encontró que 5.832.906 de ellos carecen de validez legal. De estos, 1.582.398 ya fueron pagados por los ciudadanos, generando un recaudo superior a 1,05 billones de pesos. El origen del problema radica en la falta del concepto técnico de desempeño expedido por el Instituto Nacional de Metrología, requisito obligatorio establecido por la Ley 2251 de 2022 y la Resolución 718 del Ministerio de Transporte para la operación de las cámaras de fotodetección. De las 533 cámaras autorizadas, se descubrió que 12 organismos operaron sin ningún concepto técnico, 7 utilizaron conceptos de terceros sin validez, y 18 obtuvieron los permisos después de haber empezado a operar, lo que configura una violación sistemática de las normas.
Gobierno advierte sobre el uso ilegal de las fotomultas
Durante el anuncio, la ministra Rojas fue enfática al señalar que las fotomultas no pueden convertirse en un mecanismo de recaudo por fuera de la ley. “Hoy el Gobierno Nacional le dice al país que las fotomultas no pueden convertirse en un mecanismo de recaudo por fuera de la ley”, declaró. Las autoridades también advirtieron que las sanciones para los organismos de tránsito involucrados podrían superar los 2,1 billones de pesos, aunque el proceso de devolución del dinero pagado por los conductores no será automático. Los afectados deberán presentar acciones legales contra el organismo que impuso la multa, y el superintendente Piñeres Olave sugirió la posibilidad de acciones populares colectivas como alternativa para facilitar la recuperación de los recursos.
«Hoy el Gobierno Nacional le dice al país que las fotomultas no pueden convertirse en un mecanismo de recaudo por fuera de la ley»
María Fernanda Rojas, ministra de Transporte
El Gobierno nacional, sin embargo, defiende la legalidad del proceso y asegura que las cámaras podrán seguir funcionando siempre que cumplan con los requisitos técnicos establecidos. Para ayudar a los conductores a verificar si fueron afectados, las autoridades publicarán un listado oficial con las fechas y las ciudades donde se impusieron los comparendos cuestionados. Mientras tanto, la investigación sigue su curso, y el mensaje desde el Ministerio es claro: las fotomultas no deben ser un instrumento de recaudo ilegal, sino una herramienta para mejorar la seguridad vial dentro del marco de la ley.
