El presidente Abelardo de la Espriella oficializó el 28 de agosto de 2026 un paquete de medidas regulatorias expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio (Sic) para frenar incrementos injustificados de precios, el acaparamiento y otras prácticas abusivas que se han presentado en las zonas más golpeadas por el terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el 10 de agosto de ese mismo año. El anuncio, realizado desde Bogotá D.C., se materializó en la Circular No. 003 de 2026, la cual prohíbe de manera inmediata los aumentos sustanciales y sin justificación en bienes esenciales, así como los acuerdos entre competidores para fijar precios, el cobro de servicios suspendidos y la publicidad engañosa que capitalice la emergencia.
El sismo, que dejó un saldo de 331 muertos y casi 200.000 familias afectadas en ciudades como Pereira, Cali, Manizales y Quibdó, ha generado un aluvión de quejas ciudadanas por el incremento desmedido de productos básicos y servicios durante la etapa de reconstrucción. Frente a este panorama, el mandatario afirmó en su cuenta oficial de X que «la tragedia no puede convertirse en una oportunidad para abusar de los colombianos», y subrayó que la Superintendencia de Industria y Comercio expidió medidas para impedir incrementos injustificados en los precios de bienes esenciales, proteger a los usuarios de telecomunicaciones y combatir el acaparamiento, la publicidad engañosa y cualquier práctica que vulnere la libre competencia.
Medidas concretas para proteger a los consumidores
La Circular No. 003 de 2026 establece una serie de prohibiciones y obligaciones que buscan blindar el bolsillo de los damnificados. En materia de telecomunicaciones, los proveedores no podrán cobrar a los usuarios los días en que el servicio estuvo interrumpido a causa del terremoto. «Los servicios de telecomunicaciones interrumpidos por la emergencia no podrán ser cobrados durante el tiempo que permanecieron suspendidos. En medio de la reconstrucción, proteger el bolsillo y los derechos de los colombianos también es una prioridad», declaró el presidente De la Espriella. Además, las empresas del sector deberán garantizar que las llamadas a servicios de urgencia y emergencia estén siempre disponibles, y en caso de cierre de oficinas físicas deben informar a los usuarios y habilitar un sistema de peticiones, quejas y reclamos (PQR) por medios no presenciales.
«La tragedia no puede convertirse en una oportunidad para abusar de los colombianos»
Abelardo de la Espriella, presidente de la República
La Superintendencia también exhortó a los alcaldes de los municipios afectados a adelantar acciones de inspección y vigilancia frente al acaparamiento, las ventas atadas, la publicidad engañosa y las cláusulas abusivas. Se restringe expresamente la emisión de información engañosa o publicidad que aproveche la emergencia con afirmaciones falsas. La Sic manifestó su compromiso con la libre iniciativa privada en el marco de la economía social de mercado, pero advirtió que velará por que no se vulneren los derechos de los consumidores en medio de la crisis. Las autoridades esperan que estas medidas disuadan a quienes pretendan lucrarse con la necesidad de los colombianos y permitan una reconstrucción más justa y equitativa en las regiones devastadas por el sismo.
